La crisis que vive Haití vuelve a reclamar la atención de la comunidad internacional. El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas ha extendido hasta marzo de 2027 el mandato de la Fuerza de Supresión de Bandas, en un nuevo esfuerzo por contribuir a recuperar condiciones mínimas de seguridad en un país profundamente afectado por la violencia.
La decisión ofrece un margen de tiempo, pero no resuelve por sí misma una tragedia que se ha prolongado demasiado. Haití necesita mucho más que nuevos plazos y compromisos expresados en documentos internacionales.
Necesita resultados concretos que permitan a su población recuperar algo tan elemental como la posibilidad de vivir sin miedo. Las cifras de muertos, heridos y desplazados son el rostro estadístico de una realidad mucho más dolorosa. Detrás de cada persona desplazada hay una familia que ha perdido su hogar; detrás de cada muerte, una vida, unos afectos y una historia; detrás de cada comunidad sometida a la violencia, una sociedad que ve deteriorarse sus posibilidades de futuro.
No puede convertirse esta tragedia en una situación habitual ante la mirada del mundo.
La comunidad internacional tiene una responsabilidad que no puede limitarse a renovar mandatos. Es necesario que los compromisos se traduzcan en personal, equipamiento, financiamiento, capacidad logística y acciones eficaces. Pero, al mismo tiempo, la seguridad debe abrir camino al fortalecimiento de las instituciones haitianas, porque ninguna nación puede reconstruirse indefinidamente desde afuera.
El objetivo último no debe ser solamente contener a las bandas armadas, sino contribuir a crear las condiciones para que Haití pueda recuperar sus instituciones, proteger a sus ciudadanos y avanzar hacia una convivencia fundada en el respeto a la vida, la justicia y la participación democrática.
Para la República Dominicana, esta realidad tiene una particular significación. Compartimos una isla, una frontera y una historia marcada por circunstancias complejas. Pero la cercanía geográfica no debe llevarnos a contemplar el sufrimiento del pueblo haitiano únicamente desde la preocupación por sus posibles repercusiones sobre nuestro territorio. También debe movernos la conciencia de que estamos ante seres humanos que padecen una situación extraordinariamente dolorosa.
La solidaridad, sin embargo, debe caminar junto a la responsabilidad. Haití necesita el respaldo de la comunidad internacional, pero también necesita que sus propias instituciones y sectores sociales encuentren caminos para reconstruir el Estado y recuperar la confianza de su población.
Desde estas páginas queremos contribuir a que la crisis haitiana no sea vista con indiferencia ni reducida a cifras de violencia, migración o inseguridad. Como periódico, podemos aportar algo que también tiene valor: mantener abierta la conversación pública, informar con responsabilidad, defender la dignidad humana y recordar que ningún pueblo debe ser abandonado a su suerte. El tiempo de los nuevos compromisos debe ser, finalmente, el tiempo de los resultados. Haití necesita recuperar la esperanza. Y esa esperanza comienza por devolverle a su pueblo el derecho elemental a vivir en paz.
