Por Cristian Mota
La República Dominicana enfrenta uno de los grandes desafíos de su sistema de transporte terrestre: aproximadamente el 70 % de los vehículos que ofrecen servicio de transporte público, especialmente en las rutas del concho, no reúne las condiciones adecuadas para circular por las calles y avenidas del país. Una realidad que no solamente afecta la calidad del servicio, sino que representa un peligro para la vida de miles de pasajeros y conductores.
La advertencia del presidente de la Confederación Nacional de Organizaciones del Transporte (CONATRA), Antonio Marte, debe llamar la atención del Gobierno y de todos los sectores vinculados a la movilidad. No podemos continuar permitiendo que vehículos con décadas de uso, problemas mecánicos, neumáticos deteriorados y condiciones deficientes de seguridad sigan transportando diariamente a nuestra población.
El problema no es únicamente la antigüedad de los vehículos, sino las condiciones en que se encuentran. Un automóvil puede tener muchos años y conservar condiciones mecánicas aceptables, pero otro relativamente más nuevo puede convertirse en una amenaza cuando no recibe el mantenimiento correspondiente.
Por eso resulta importante la decisión anunciada por el director del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT), Juan Manuel Méndez García, de avanzar con la implementación de la Inspección Técnica Vehicular (ITV), contemplada en la Ley 63-17, con miras a ponerla en funcionamiento durante el primer semestre de 2027.
Esta medida debe convertirse en el punto de partida para una verdadera transformación del transporte dominicano. No se trata de establecer una revista para recaudar dinero, sino de garantizar que cada vehículo que circule por nuestras calles reúna las condiciones mínimas de seguridad.
Antonio Marte ha señalado que el Gobierno dispone de más de RD$60,000 millones provenientes de recursos vinculados a la Ley 253-12, que podrían contribuir a financiar la sustitución de las flotillas deterioradas. Si esos recursos están disponibles para tales fines, ha llegado el momento de explicar con transparencia cómo serán utilizados y cuál será el calendario para hacer realidad esa renovación.
Desde mi punto de vista, el Gobierno debe impulsar un programa nacional de renovación vehicular que incluya financiamiento a tasas preferenciales, facilidades para los transportistas, incentivos para entregar las unidades viejas y mecanismos de adquisición de vehículos nuevos, incluyendo autobuses eléctricos y unidades de menor consumo de combustible.
Asimismo, debe establecerse un registro nacional de vehículos chatarras, acompañado de un programa de desguace y reciclaje que garantice que las unidades retiradas no vuelvan a las calles ni terminen comercializándose irregularmente como vehículos de transporte.
Esta iniciativa tendría otro beneficio de gran importancia: disminuir progresivamente la cantidad de vehículos destinados al desuso que permanecen abandonados en talleres, solares, calles y espacios públicos. Retirar una chatarra no significa simplemente sustituirla por otra unidad; significa eliminarla definitivamente del parque vehicular y aprovechar sus materiales mediante procesos de reciclaje.
También sería conveniente reorganizar las rutas del concho, promover unidades de mayor capacidad donde la demanda lo permita y evitar que cada vehículo retirado sea sustituido automáticamente por otro que termine reproduciendo el mismo problema.
Naturalmente, esta transformación debe realizarse mediante un diálogo responsable con los sindicatos, empresarios y propietarios de vehículos. No se puede exigir que miles de pequeños transportistas sustituyan sus unidades de un día para otro sin ofrecerles alternativas económicas reales. Pero tampoco podemos seguir sacrificando la seguridad de los ciudadanos para mantener un sistema que necesita modernizarse.
La ITV debe aplicarse sin privilegios ni excepciones. Si un vehículo no reúne las condiciones para circular, independientemente de quién sea su propietario o a qué organización pertenezca, debe salir del servicio hasta que pueda demostrar que cumple con las exigencias establecidas.
La República Dominicana necesita un transporte más seguro, organizado, moderno y eficiente. Los recursos, las leyes y las propuestas existen; lo que corresponde ahora es convertirlos en resultados.
Ha llegado la hora de sacar las chatarras de nuestras calles. La seguridad de los pasajeros no puede seguir esperando, y la modernización del transporte público debe convertirse en una prioridad nacional.
Por Cristian Mota
