Luego de conocida la presencia del coronavirus en el país, el Gobierno ha solicitado la continuidad del estado de emergencia y el toque de queda en cinco ocasiones, que abarcan un período de unos 100 días. Se supone que esa medida tiene como propósito el efectivo combate de la pandemia, la que desde su aparición ya ha contagiado oficialmente a más de 20 mil personas y ha matado a más de 500 dominicanos.
Este martes el Senado conoció la quinta solicitud de extensión de la emergencia, la cual fue aprobada casi sin discusión por unos 17 días adicionales, decisión que irá a la Cámara Baja, donde se espera un fuerte debate de parte de los diputados.
El estado de emergencia ha comenzado a verse como un componente de la estrategia electoral oficial, para contribuir con la campaña del candidato, lo cual convierte las continuas solicitudes de extensión en un tema para la controversia política, ya que se percibe que la medida mantiene paralizada a la oposición, mientras se ponen en marcha los operativos sociales para promover al candidato oficial.
Esas percepciones interesadas tienden a definir una campaña electoral desequilibrada y poco justa, de modo que las elecciones del 5 de julio parecen que no serán una jornada transparente y limpia, de la cual surjan autoridades confiables y legítimas, tal como lo postulan la embajada americana y ahora los propios funcionarios del Gobierno.
Lo cierto es que a medida que han avanzado los días y la pandemia parece haber sido controlada por la estrategia sanitaria implementada por el Gobierno, a través de la Alta Comisión Sanitaria y de Salud Pública, el mismo Gobierno ha ido abriendo la economía y ciertos renglones de la vida social y religiosa, provocando un clima de casi normalización de la cotidianidad, hasta el punto que han vuelto los “tapones” en las calles y avenidas, así como el gentío callejero.
En esa circunstancia, lo único que falta es la apertura política de la oposición para que pueda desarrollar sus actividades de campaña y así equilibrar y hacer más justa la competencia electoral. Por esta razón, se hace razonable la abolición de los estados de emergencia sucesivos, cuando ya la vida de la gente ha vuelto a la normalidad.
Mantener cerrado el espacio social a las actividades proselitistas, podría ser una condición que le reste legitimidad a unas elecciones sin tiempo de campaña, lo que sería una circunstancia que podría derivar en la descomposición de la estabilidad política.
Esa situación eventual podría evitarse si se le aplica a la política electoral, la misma medicina que a la actividad económica en proceso de apertura en la pandemia, y asumiendo para ello el debido protocolo sanitario aplicado por el gobierno y recomendado por la OMS para evitar el contagio y el rebrote del virus.
No hay razón sanitaria para ver un peligro en las actividades políticas para el proselitismo o para la celebración de las elecciones el día 5 de julio, y no ver el mismo peligro en la reapertura de las actividades económicas de los bancos y los supermercados, o también en las actividades religiosas y los conglomerados generados en el transporte público.
¡Seamos, pues, más equilibrados del juicio!
