Inicio Opinión OPINIÓN: Los intercambios de disparos: entre lo moral y la realidad
Por Aquiles Olivo Morel
La sociedad dominicana padece un dilema moral respecto a los recientes casos de intercambios de disparos efectuados por la Policía Nacional para hacer frente a la expansión de los actos delincuenciales, donde figuras de clase media, negocios de gran renombre y obviamente personas comunes son sometidas a las más bárbaras torturas para despojarlos de sus pertenencias.
El más reciente de los casos sucedió en la residencia familiar del artista urbano Julián Oro Duro con el cautiverio de su esposa por unas 8 horas y luego asesinada en un acto de los de mayor impacto para una sociedad que contempla el incremento de las acciones delincuenciales.
La semana pasada una “remesadora” en un intento fallido sobrevivió a un intento de atraco en la provincia de Azua, un grupo armado y con la decisión de alzarse con el botín fue reducido, ultimados unos cinco y otros resultaron heridos.
En Boca Chica, donde dos bandas se disputan el control y en un escalofriante enfrentamiento entre bandas rivales, dio como resultado una disputa que se prolonga hasta el día de hoy, con saldo de varios muertos.
Son numerosos los hechos donde los delincuentes siguen mostrando sus garras y la Policía se ha visto en la obligación de repeler la tentativa de enfrentarlos en el terreno de la obediencia perdida.
El insólito caso del “Pelucha” caído la semana pasada, se hizo notorio por su entierro en una comunidad de Barahona y la presencia de sus tres mujeres, la manera en las horas nocturnas los disparos sumieron a ese municipio en la incertidumbre.
La Constitución de la República establece la forma en que las actuaciones del órgano persecutor o la Policía debe enfrentar las situaciones que riñen con la legalidad, como son los crímenes violentos que brotan en todo el territorio nacional.
¿Son investigados todos estos casos? ¿Se inscriben como parte de una estrategia puesta en marcha desde el interior de la Policía para frenar los delitos violentos cometidos por estos antisociales? El denominado “Código 29” se ha ido institucionalizando como forma de frenar o controlar la expansión de los delitos violentos.
La controversia de si existe la posibilidad de actuar al margen del debido proceso como se establece en las leyes está calando en las discusiones de una sociedad que apuesta por el ejercicio del respeto a los derechos humanos.
El caso del “Peluche” se ha hecho notorio por la forma en que ocurrieron los hechos, narrados por testigos, quienes afirman que en ese momento se encontraba desarmado y no representaba peligro alguno.
La ejecución de esta operación evidenció como los agentes de la Policía Nacional perseguían y no observaron ninguna normativa y procedieron instintivamente a eliminar este objetivo, el cual aparecía en el listado suministrado por las autoridades superiores.
En tan solo un mes se pueden contar unas 29 muertes de esta misma naturaleza y la sociedad se pregunta, con justa razón: ¿Puede explicarse moralmente la ignorancia de las leyes para asesinar, muchos de ellos, jóvenes que no alcanzan la edad de los 25 años?
¿Lo moral es discutible cuando se trata de asuntos relacionados con la seguridad de la comunidad o con la tranquilidad colectiva? Este planteamiento obliga a los sectores del país a repensar si continuar con una práctica obsoleta o si instruir al órgano persecutor a que se limite a las responsabilidades descritas en la norma.
Existen evidencias en otros países y también en el país vecino de cómo las bandas armadas se fueron apoderando de la tranquilidad y el sosiego del colectivo. En Haití, el control de los territorios está en manos de las bandas armadas, quienes violan, secuestran y matan comunidades completas; sería también oportuno citar el caso del El Salvador en Centroamérica, donde se requirió el uso de la fuerza del Estado para emprender una lucha costosísima para quitarle el control a los grupos delincuenciales, quienes organizados en bandas armadas llegaron a doblegar en algún momento a la autoridad.
La seguridad ciudadana no puede construirse sobre ejecuciones extrajudiciales, pero tampoco puede sobrevivir cuando el Estado renuncia a ejercer la autoridad legítima. El desafío consiste en encontrar el punto de equilibrio entre firmeza y legalidad.
