Lo que está ocurriendo en Haití podría marcar un antes y un después en la historia reciente de esa nación. La llegada de unos 2,000 militares salvadoreños, bajo el liderazgo del presidente Nayib Bukele, ha cambiado el escenario de confrontación contra las organizaciones criminales que durante años han mantenido secuestrada a la sociedad haitiana. Y hay una señal que merece especial atención: los propios líderes de las pandillas están comenzando a solicitar diálogo y mediación de las Naciones Unidas.
La situación parece estar entrando en una nueva etapa. Wilson Joseph, conocido como Lanmò Sanjou, uno de los principales cabecillas de las organizaciones criminales haitianas, confirmó que remitió una comunicación al secretario general de la ONU solicitando una delegación para propiciar un diálogo. También manifestó su disposición a deponer las armas, aunque sin explicar bajo cuáles condiciones.
Este movimiento no debe interpretarse necesariamente como una voluntad genuina de abandonar la violencia. También puede ser una señal de que las estructuras criminales están sintiendo una presión que no habían experimentado anteriormente.
Y es precisamente ahí donde se encuentra la diferencia de este momento.
El Salvador no está enviando simplemente un grupo de observadores ni una representación simbólica. Está desplegando efectivos de sus Fuerzas Armadas, con experiencia en operaciones de seguridad y una preparación desarrollada bajo una política de confrontación directa contra las organizaciones criminales. La experiencia salvadoreña bajo el Gobierno de Nayib Bukele ha demostrado que, cuando existe voluntad política, coordinación institucional y capacidad operativa, es posible cambiar radicalmente el panorama de inseguridad de una nación.
Sin embargo, Haití tiene características particulares. Su crisis no se limita a las pandillas: también comprende la debilidad institucional, la ausencia de autoridad en amplios territorios, la pobreza, la inestabilidad política y la penetración del crimen organizado en sectores del poder. Por eso, la solución no puede descansar exclusivamente en las armas.
Lo que sí parece evidente es que las organizaciones criminales están comenzando a comprender que el escenario ha cambiado. Durante demasiado tiempo, las pandillas han impuesto sus condiciones, controlado comunidades, secuestrado ciudadanos, paralizado actividades económicas y desafiado abiertamente a las autoridades. Ahora, ante el despliegue de una fuerza militar con mayor capacidad de respuesta, sus dirigentes parecen estar buscando una salida mediante la mediación internacional.
Pero hay algo que debe quedar claro: el diálogo no puede convertirse en una negociación que premie a quienes han mantenido a un pueblo bajo el terror. La paz no puede significar impunidad, ni la entrega de espacios de poder a organizaciones criminales. Cualquier proceso debe tener como punto de partida el desarme, el sometimiento a la justicia y la recuperación de la autoridad legítima del Estado.
Tampoco podemos perder de vista la protección de la población civil. La lucha contra las pandillas debe desarrollarse dentro del marco del derecho internacional, protegiendo a niños, mujeres y familias que ya han sufrido demasiado. El objetivo no es sustituir un terror por otro, sino devolverles la tranquilidad y la dignidad a los haitianos.
Haití necesita mucho más que una operación militar: necesita convertirse definitivamente en un Estado funcional.
Y en este propósito la comunidad internacional tiene una responsabilidad histórica. No se trata solamente de enviar tropas, financiar misiones o celebrar reuniones diplomáticas. Se necesita una estrategia integral que permita reconstruir las instituciones, fortalecer la Policía y las Fuerzas Armadas haitianas, recuperar el sistema judicial, organizar elecciones confiables y crear las condiciones para que la economía vuelva a funcionar.
La vida en Haiti es un infierno
La República Dominicana, por su condición de país vecino, tiene razones suficientes para observar con atención este proceso y respaldar todas las iniciativas que contribuyan a la estabilidad haitiana. No podemos aspirar a una frontera segura mientras al otro lado exista un Estado debilitado, sin capacidad para garantizar el orden y la seguridad de sus ciudadanos.
La estabilidad de Haití también es una necesidad para la República Dominicana y para toda la región del Caribe.
Es hora de que los sectores políticos haitianos dejen de utilizar las pandillas como instrumentos de poder. Es hora de que las élites económicas comprendan que no puede existir prosperidad en medio del caos. Es hora de que la comunidad internacional deje de administrar una crisis y contribuya verdaderamente a resolverla.
El pueblo haitiano merece vivir en paz, tener autoridades legítimas, trabajar, producir y construir su futuro sin el temor de ser secuestrado o asesinado.
La llegada de los militares salvadoreños podría representar una oportunidad para cambiar el rumbo de los acontecimientos, siempre que su actuación esté acompañada de una estrategia política, institucional y humanitaria.
Ha llegado la hora de que Haití comience a ser un país en toda la dimensión de la palabra. Y para lograrlo, todos tenemos que aportar: los haitianos, sus dirigentes, los países vecinos y la comunidad internacional.
Porque Haití no puede continuar siendo una nación atrapada entre las pandillas, la pobreza y la inestabilidad. Tiene que recuperar su Estado, su soberanía y, sobre todo, el derecho de su pueblo a vivir con dignidad.
