El Gobierno ha presupuestado una inversión superior a los 7,300 millones de pesos sólo para la construcción de la verja perimetral que levanta en la frontera con el propósito de controlar el trasiego clandestino de indocumentados y contrabandos por la zona.
A la construcción del muro, dotado de torres de vigilancia y de modernos equipos tecnológicos, se agrega la cuantiosa inversión en que se incurre en transporte, viáticos, logística y otros gastos para repatriar a los haitianos que de alguna manera se las arreglan para ingresar el territorio dominicano. Cómo lo hacen es la gran incógnita para las autoridades.
Pero cada vez que la violencia, la inestabilidad y la inseguridad se disparan en la vecina nación, como ocurre actualmente tras el secuestro por bandas armadas de cuatro soldados salvadoreños, el Gobierno, sin importar lo apurado que esté con el impacto en la economía del alza del petróleo y sus derivados, tiene que disponer de más recursos para reforzar la frontera. Ante la indiferencia de Estados Unidos para encarar el problema haitiano, las autoridades dominicanas no tienen más alternativas.
No hay un foro ni encuentro de relevancia donde el presidente Luis Abinader no haya abordado la problemática haitiana ni su impacto no solo para este país, sino para la región. Ha abordado la crisis hasta como desafío humanitario por la carencia de alimentos, servicios de salud y recursos esenciales para la subsistencia.
Al menos el Gobierno está consciente de su responsabilidad en evitar que la crisis haitiana repercuta en el territorio dominicano más allá de la inversión en la construcción del muro y de los gastos en las repatriaciones de inmigrantes indocumentados. Y eso hay que reconocerlo.
