El gobierno que encabeza Luis Abinader ha tenido que poner el énfasis, en lo que va de gestión, en el combate a la pandemia del Covid y en la recuperación de la economía.
Luego de dos años de lucha los resultados han merecido el reconocimiento nacional, así como de la comunidad internacional, por el buen manejo de la pandemia y por la reactivación económica, tal como lo acaba de afirmar el FMI.
No obstante, en estos momentos el gobierno ha sido sacudido por los problemas de carácter institucional, como los de la Policía Nacional, así como por la resistencia cada vez más acentuada de la oposición, en lo que respecta a las propuestas de reformas institucionales.
En ese sentido la promesa de fortalecer la “institucionalidad democrática” y establecer una Justicia independiente, que combata con efectividad la corrupción y la impunidad, así como establecer una reforma policial, para dejarlos como legado de esta gestión de gobierno, lucen por el momento propósitos políticos de dudosa realización, a medida que la misma oposición despliega su capacidad de resistencia al cambio.
Esos aspectos institucionales resultan, en consecuencia, un valladar para cuya superación se ha de requerir de un gran y eficaz esfuerzo del grupo gobernante, de manera que el gobierno pueda dejar establecido el camino para el fortalecimiento y consolidación de la institucionalidad democrática.
En esa línea de trabajo, y respondiendo a los problemas de la Policía y la Justicia, es una señal pertinente la oportuna decisión del Ministerio Público de formalizar la acusación contra los implicados en el caso de corrupción Coral, lo que activa estos casos pendientes, de modo que la Justicia inicie los juicios de fondo, cuyos procesos deberían acelerarse.
En cuanto a la Reforma Policial, una respuesta rápida de impacto, es iniciar el proceso de depuración policial, sacando vía administrativa a los agentes que han sido reingresados luego de haber sido expulsados por violaciones graves en el desempeño de sus funciones.
Esta es una operación fácil de ejecutar ya que recursos humanos de la institución tiene la facilidad de preparar la lista de los que están en esa condición.
Más adelante se debe preparar un cronograma de actividades, según componentes de las sugerencias que hiciera el Grupo de Trabajo que encabezara la FINJUS y cuyos documentos están disponibles.
Esas son sugerencias prácticas, que deben complementarse con algo más profundo como es la necesidad de que el grupo de gobierno defina operativamente su compromiso de clase, especialmente empresarial, y concomitantemente definir la metodología y procedimientos protocolares a ser aplicados para fomentar la nueva clase empresarial de sustentación de este grupo de gobierno. Se trata de un asunto de mayor complejidad que amerita un mayor análisis.
¡Qué el gobierno se ocupe, pues, del componente de la institucionalidad!
