La persecución de reales o supuestos delincuentes callejeros ha devenido en una cacería policial propia de un país sin leyes, y por ende sin respeto a los derechos humanos y las libertades públicas. En la presente fase contra sospechosos de crímenes o delitos que se ejecuta a nombre de la seguridad ciudadana y el orden público, el cuerpo evidencia su determinación al obviar la desacreditada frase de que los buscados murieron en “intercambios de disparos”.
La ciudadanía valora que criminales y delincuentes sean retirados de las calles. Pero ese sentimiento no puede interpretarse como una suerte de licencia para quitar la vida a nadie por el supuesto de participar en atracos u homicidios. La determinación de matar se ha evidenciado cuando perseguidos han sido eliminados tras ser capturados vivos.
La gente sospecha, y la Policía lo sabe, que en esos casos se ha actuado de esa manera para evitar delaciones que comprometan a agentes con casos delictivos.
No a un agente en particular sino a la Policía como institución se le ha ido la mano en la batalla contra los sospechosos de crímenes y delitos. Lástima que la persecución no alcance a todos por igual, sino solo a las víctimas de la descomposición social.
Mayor General, Ernesto Rafael Rodriguez García
Solo en lo que va de septiembre han muerto 33 personas a manos de los agentes, pero por el ritmo que llevan las ejecuciones mañana no se sabe cuántos serán. La cacería ha pasado por alto si los miembros de las patrullas son egresados o no del programa de capacitación que se implementa como parte del proceso de reforma del cuerpo.
Al asumir el cargo, el actual director de la Policía, Ernesto Rafael Rodríguez García, trazó como ejes de su gestión rescatar el orden y la disciplina, además del respeto a la integridad e impulsar la profesionalización del cuerpo. Hoy parece que su misión se ha reducido a una cacería de reales o supuestos delincuentes al margen de la Constitución y la ley.
