La muerte de 13 indocumentados haitianos que eran trasportados en una yipeta que que precipitó hasta un canal de riego de la comunidad Peñuela, provincia Valverde, constituye una tragedia que revela el activismo de corredores migratorios que trafican con centenares de inmigrantes ilegales desde varios puntos fronterizos.
Un informe preliminar del Ministerio Público señala que el grupo de infortunados viajeros, entre los que figuran nueve hombres, tres mujeres y dos niños, murieron ahogados y sólo cinco lograron sobrevivir del accidente acaecido el domingo en la noche.
El vehículo con los 18 pasajeros haitianos partió desde un punto fronterizo de Las Matas de Santa Cruz, Montecristi, con destino a Santiago, en una ruta terrestre que se dice muy usada en el transporte de indocumentados hacia Santiago, Puerto Plata y Santo Domingo.
Vecinos del poblado Peñuela dijeron que a diario circulan tres o cuatro vehículos cargados de inmigrantes ilegales y que la yipeta accidentada había dado varios viajes cargada de indocumentados durante el fin de semana, lo que ofrece una idea del gran negocio que representa el tráfico ilegal de personas.
No hay porque dudar que las bandas dedicadas al contrabando de inmigrantes usen rutas alternas o complementarias que pasan por la región sur y sureste en dirección a Santo Domingo y la región este, en la seguridad de que se trata de un negocio ilícito millonario.
Es difícil entender cómo un vehículo con capacidad para seis pasajeros transita por carreteras troncales y secundarias con 18 personas sin ser detenida en ninguno de los puntos de retenes operados por efectivos del Ejército, Armada y Policía, ni tampoco por patrullas que vigilan esos tramos viales.
Se admite que carros, camionetas, furgonetas, minibuses y hasta autobuses repletos de indocumentados transiten por vías alternas o improvisadas, pero en algún momento deben circular por autopistas y carreteras formales y atravesar puntos de chequeo militar o policial. ¿Quiénes protegen esos corredores migratorios?.
El trágico accidente en el que perdieron la vida 13 indocumentados haitianos debería motivar al Ministerio de Defensa, Ministerio Público y Dirección Migración a encaminar una minuciosa investigación que permita identificar y desmantelar las bandas que trafican con migrantes ilegales a través de rutas migratorias que se vuelven invisibles a ojos de autoridades civiles y militares.
