El gobierno de República Dominicana anunció que iniciará deportaciones masivas de inmigrantes haitianos sin documentos al sostener que actualmente existe un “exceso” de personas de esa nacionalidad en el país.
Homero Figueroa, portavoz de la presidencia dominicana, dijo que el objetivo del operativo es “reducir el exceso de población migrante que se percibe en las comunidades dominicanas”.
Añadió que el operativo de deportación consistirá en la expulsión de unos 10,000 haitianos por semana y será implementado de forma “inmediata”.
«El gobierno reafirma su compromiso de proteger la soberanía nacional y abordar los desafíos migratorios con una política que combine la seguridad con el respeto a los derechos humanos, en coordinación con la comunidad internacional y con un enfoque de cooperación regional», afirmó Figueroa al concluir una reunión del Consejo de Seguridad y Defensa Nacional.
El funcionario hizo el anuncio casi una semana después de que el presidente dominicana Luis Abinader planteó en su discurso ante la Asamblea General de la ONU que la inestabilidad en el país vecino de Haití, con el que comparte la isla La Española, genera “una presión significativa” en el territorio dominicano.
Según cifras oficiales, más de medio millón de haitianos viven actualmente en el país. Tan sólo en 2023, el gobierno dominicano deportó alrededor de 250,000 inmigrantes haitianos y en el primer semestre de este año expulsó a unos 66,000 haitianos.
De cumplirse el plan de deportación masiva, la cifra de inmigrantes expulsados este año podría ascender a unos 500,000.
Inmigrantes haitianos representan una “carga económica” a República Dominicana, según el gobierno de Abinader
En su discurso ante la ONU, Abinader dijo que en 2023 las atenciones médicas a inmigrantes haitianos representaron el 12% del total de los servicios prestados a través del sistema de salud pública.
Actualmente hay cerca de 200,000 menores extranjeros en las escuelas dominicanas, de los cuales se estima que 147,906 son de origen haitiano.
Estos datos «reflejan la gran carga económica y sentido humanitario de República Dominicana, pero solos no podemos», afirmó.
Por su parte, Figueroa dijo que el plan de deportación también incluye un incremento en los recursos en la Dirección General de Migración.
«Para garantizar una respuesta más rápida y eficiente en los procesos migratorios», dijo. «Se hará un aumento del uso de tecnología de vigilancia incorporando herramientas tecnológicas avanzadas, como drones y sistemas de vigilancia por cámaras, para mejorar el monitoreo continuo de la frontera».
El gobierno dominicano agregó que el operativo de deportación masiva responde a la “lentitud” de la comunidad internacional para responder a la crisis humanitaria en Haití, que las autoridades sostienen es la razón principal del flujo migratorio de ese país al exterior.
«Nosotros lo advertimos en las Naciones Unidas: o ellos y todos los países que se habían comprometido actuaban con responsabilidad en Haití o nosotros actuaremos con la responsabilidad debida en la República Dominicana», comentó Abinader tras anunciar las deportaciones masivas.
Desde su llegada al poder en 2020, Abinader endureció la política migratoria dominicana: multiplicó las redadas de indocumentados y las deportaciones, redobló la presencia de la fuerza armada en la frontera y levantó un muro de 102 millas entre los dos países.
El presidente incluso prometió extender el muro cuando fue reelecto en mayo para un segundo mandato de cuatro años.
Violencia y muerte: la crisis humanitaria que azota a Haití
Una misión multinacional dirigida por Kenia fue desplegada con el respaldo de la ONU hace pocos meses en Haití para ayudar a la policía local a retomar el control sobre las pandillas que han sembrado el caos en ese país en medio de una crisis política y humanitaria.
Más de 3,600 personas han muerto en Haití en el primer semestre del año debido a la violencia de las pandillas, según la ONU.
Además, el Programa Mundial de Alimentos advirtió que unos 5,400,000 de personas «luchan cada día para poder alimentarse a sí mismos y a sus familias, lo que representa una de las más graves crisis de inseguridad alimentaria en el mundo».
A finales de septiembre el Consejo de Seguridad de la ONU aprobó extender el mandato de la misión multinacional en Haití hasta el 2 de octubre de 2025. Sin embargo, el consejo desechó una solicitud del gobierno haitiano para comenzar el análisis de transformar esa misión en un cuerpo de paz de la ONU.
Inmigrantes y organismos denuncian persecución de haitianos en República Dominicana
El anuncio del gobierno dominicano ocurre en medio de tensiones de la nación caribeña por la presencia de inmigrantes haitianos en el territorio.
Mientras que grupos conservadores exigen al gobierno incrementar las deportaciones, activistas exigen que se respete el derecho de los haitianos a permanecer en República Dominicana.
Por ejemplo, cientos de manifestantes convocados por la Antigua Orden Dominicana, un movimiento ultranacionalista que históricamente ha expresado rechazo a los haitianos, se congregaron el viernes en las calles de Santo Domingo para pedir al gobierno «tomar acciones».
Este grupo, que llamó a nuevas manifestaciones, considera insuficientes las medidas tomadas por Abinader en materia migratoria.
En contraste, comunidades de haitianos en Dominicana denuncian casos de discriminación y racismo, incluso desde el Estado, al que acusan de poner trabas burocráticas para renovar visados y permisos de residencia, muy costosos.
Activistas como el coordinador de la Mesa para las Migraciones y Refugiados de República Dominicana, William Charpentier, de ascendencia haitiana, hablan de «persecución racial» en las frecuentes redadas policiales en este país.
Los haitianos representan 30% de la fuerza de trabajo en ganadería, agricultura y construcción en Dominicana, según el Fondo de Población de Naciones Unidas.
