OPINIÓN: Vandalismo

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La Constitución consagra la libertad de reunión, de asociación y de tránsito, sin permiso previo, con fines lícitos, pacíficos, lo que dista mucho de las acciones de violencia y vandalismo perpetradas ayer por participantes en una manifestación frente al Congreso Nacional en reclamo de la entrega a los afiliados del 30% de los fondos de pensiones.

En una ocasión anterior, manifestantes convocados con los mismos propósitos lanzaron piedras contra diputados que debieron refugiarse en la sede congresual, historia que se reeditó este jueves cuando una turba enfrentó a pedradas a la Policía y derribó barreras de seguridad y destruyó cristales de oficinas senatoriales.

El diputado Pedro Botello, quien ha encabezado protestas frente al edificio del Congreso todas las cuales han degenerado en violencia y vandalismo con la puesta en peligro de la integridad física de propios colegas, ha advertido que volverá a convocar ese tipo de despropósito.

Sometida a la amenaza de un grupo de legisladores, liderados por Botello, de que no se aprobaría el Presupuesto Complementario para hacer frente a la pandemia de la covid-19, la Cámara de Diputados se vio compelida a aprobar el proyecto de ley que devolvería anticipadamente a los trabajadores el 30% de los fondos de pensiones.

Se pretende aplicar una dosis de chantaje y violencia en el Senado donde se conocería la polémica iniciativa, como lo demuestra la violencia y el vandalismo de ayer, que obligó a la Policía a usar gas lacrimógeno para dispersar a los manifestantes.

El sistema previsorio dominicano acumula fondos por más de 650 mil millones de pesos, colocados a una rentabilidad promedio de un 10.74% en títulos del Banco Central, Hacienda, banca mutualista, organismos multilaterales y otras inversiones, por lo que conforme a la ley propuesta habría que reintegrar a los pensionistas más de 200 mil millones de pesos.

Si esa locura llegara a materializarse, la edad para optar por una pensión mediante ese sistema de ahorro individual se retrasaría al menos cuatro años, además de que la economía no resistiría una intempestiva inyección de circulante de esa magnitud, sin estar en la programación monetaria del Banco Central.

Se ignora con cuáles malsanos propósitos se mercadea la locura de que sería posible cancelar certificados de inversión por miles de millones de pesos para distribuirlos entre ahorrantes del sistema de pensión. Por lo pronto, se repudia con todo vigor el vandalismo de ayer.

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