El contexto internacional por efecto del nuevo orden mundial impuesto por el modelo neoliberal que rige al capitalismo global y competitivo, ha puesto en boga la necesidad de la transparencia, a manera de evitar problemas como los de la corrupción y la monopolización en la economía, de tal suerte que se establezcan las condiciones institucionales para el “libre mercado”.
La estrategia para la transparencia supone el funcionamiento de una justicia con fortaleza y con cierto grado de independencia, para que sea un instrumento eficaz frente a las distorsiones, muchas veces delictivas, tal como es el de la corrupción.
Esa situación se ha puesto de manifiesto en los actuales casos de España y Colombia, donde la fortaleza y la independencia del aparato judicial han permitido someter a investigación por supuestos hechos de corrupción nada más y nada menos que al Rey Emérito de España, Juan Carlos I, lo que ha creado un escándalo en ese país europeo que ha motivado la salida del ex monarca, quien se apresta a refugiarse en un destino fuera del suyo y que se especula que sería la República Dominicana.
El otro hecho internacional de gran impacto en América Latina ha sido la decisión de la Corte Suprema de Colombia de privar de libertad al poderoso político y expresidente de ese país, Álvaro Uribe, quien enfrenta una acusación de un presunto fraude procesal y soborno de testigos, por lo cual la Suprema ordenó su detención domiciliaria.
Esos hechos no solo revelan la mayor fortaleza con que opera la justicia en ambos países, así como el mayor desarrollo institucional del Estado en esas naciones, sino que la línea estratégica por una mayor transparencia a nivel mundial está cobrando mayor vigencia y eficacia internacional para someter el comportamiento de los agentes políticos y económicos al marco normativo y legal de los países que conforman el concierto de las naciones.
Esa estrategia por la transparencia y vigilancia del marco jurídico internacional, también se vio en todo su alcance en el caso escandaloso de la corrupción puesta en práctica en múltiples países por la antigua poderosa multinacional brasileña Odebrecht, cuyos ejecutivos y cómplices políticos en más de una decena de naciones, han sido encarcelados y/o procesados por soborno y otras ilicitudes en la ejecución de grandes obras de infraestructura.
Esos hechos además, evidencian la tendencia globalizante que favorece en el plano internacional, el combate y lucha contra los ilícitos que cometen los agentes económicos y políticos, quienes aprovechan la debilidad de las instituciones públicas, en particular de la Justicia, con frecuencia penetrada por los grupos con vocación delictiva, debilitándola y haciéndola en muchos casos cómplice de la delincuencia internacional. De esa forma la Justicia se debilita, al tiempo de convertirse en una causal de la inseguridad jurídica y ciudadana.
Ese contexto externo en favor de la transparencia y del fortalecimiento de la Justicia, que coincide con la transición para el “cambio” que vive nuestro país, también favorece la puesta en marcha de los procesos que consolide el ejercicio de una Justicia independiente y fuerte, que promueva un régimen de consecuencias contra el crimen y la corrupción en la nación dominicana.
¡Qué en el país arranque la Justicia independiente y transparente!
