No pasa una semana sin que la opinión pública conozca de un nuevo escándalo de corrupción en la Administración Pública. Ahora el escándalo es el descubrimiento que se hiciera en el Ministerio de Salud Pública, respecto a una estructura mafiosa de muchos años de operación, mediante la cual funcionarios de esa dependencia estatal cobraban “coimas” al personal nombrado en ese ministerio.
El fenómeno que viene de décadas según conocedores exfuncionarios, se produce en otras dependencias del Estado y en múltiples formas, tal como se ha visto en otros escándalos en otras dependencias del Ejecutivo, en instituciones descentralizadas y en el Poder Judicial, donde mafias de jueces estructuraban esquemas piramidales de la corrupción para la venta de sentencias a favor del crimen organizado y de la delincuencia.
Pero esa metodología de aprovechar el gigantismo de la Administración y los recursos públicos para fines privados y particulares, no solo se motiva a nivel local, sino que ha sido estimulada por circunstancias internacionales que han inducido a nuestros gobiernos a asociarse con estructuras mafiosas expansivas de la corrupción, tal como quedara evidenciado en el caso más notable de corrupción, que protagonizaran en el país las multinacionales brasileñas encabezadas por la Odebrecht, que todavía sigue operando y atormentando al país con la planta eléctrica de Punta Catalina.
De esa forma la corrupción ha alcanzado tal dimensión en el tejido social de la nación, que su combate efectivo implicaría un gran esfuerzo y una férrea voluntad política, que a veces hace pensar que el eventual éxito en contra de las prácticas de la corrupción, no sería posible si no es a través de una “revolución” que elimine de cuajo ese cáncer que ya hizo metástasis en todos los órganos del Estado dominicano.
Sin embargo, el nuevo Gobierno que se postula como del cambio en el marco de la institucionalidad democrática fundamentada en la Ley y la Constitución, tiene la oportunidad de iniciar el largo proceso de erradicación de la corrupción, misión para la que debe poner el énfasis en la aplicación de una agenda dirigida al fomento del desarrollo económico y para lo cual ha de crear o integrar una nueva clase empresarial con una mentalidad impregnada de la doctrina de la “iniciativa privada” y “de libre mercado” pero con un claro sentido histórico del desarrollo sustentable y justo de las naciones, de modo que así el país se inserte en la globalización, al tiempo de que supere la tara cultural del crecimiento económico oligárquico y desigual, así como la gobernanza basada en la jefatura de la “dominación personal y caudillista”.
Esos son los términos de referencias en los que se debe enmarcar el accionar del Gobierno, que no se debe confundir con una cotidianidad dominada por los intereses especiales, sobre los cuales se ha edificado el edificio de la más amplia cultura de la corrupción que hayamos conocido en nuestro país.
La “revolución educativa” y la defensa del orden público basado en el “autoritarismo” de la Ley y de la Autoridad legítima del Estado democráticamente constituido, deben ser los ejes que sirvan de sustentación de la agenda por el desarrollo económico y democrático de la nación.
¡La consigna es claridad en la acción y firmeza en su ejecución!
