El gobierno del Presidente Medina ha podido ejecutar una agenda pública que fuera bien ponderada y valorada por la población en lo que tiene que ver con su operatividad, no necesariamente con sus resultados efectivos.
El propósito perseguido con dicha agenda ha sido transformar la estructura social dominicana, favoreciendo la expansión de la clase media, así como sacar de la pobreza a cientos de miles de personas para elevarlos en su condición y convertirlos en clase media productiva y consumidora para dinamizar la economía.
Con esa finalidad se ejecutó el 4 % para la educación; las visitas sorpresas para apoyar a los productores rurales en sus proyectos y con financiamiento; atacar los problemas de inseguridad a través del proyecto del 911, al que se le agregaron el programa de inteligencia, C5i, en la FF.AA y República Digital.
Esas iniciativas se apoyaron en un amplio plan de obras de infraestructura en el área vial; y en hospitales con más de 50 proyectos, todo lo cual permitió impulsar el crecimiento continuo y sostenido de la economía en un clima de estabilidad macroeconómica, controlando la devaluación gradual de la moneda y manteniendo bajo control la inflación.
Esas condiciones no solo han creado la apariencia de un país modernizado y en crecimiento dinámico, sino que han elevado el PIB y el ingreso per cápita de la población, aunque para ello se incurrió en un fuerte endeudamiento y continuos déficits fiscales.
Sin embargo, todos esos logros atribuibles a la gestión del PLD y especialmente en la fase de Medina, se han visto desfigurados por la gravitación del modelo de dominación personal que desarrollaron Fernández y Medina y que los llevaron a debilitar la institucionalidad democrática, a la violación de la Ley, y facilitar la expansión de la corrupción y la impunidad, con el fin de convertir al equipo gobernante y sus relacionados en la nueva clase gobernante.
Con ese fin, los gobiernos del PLD aprovecharon su paso por el poder para apropiarse de los recursos públicos, al tiempo de lograr el control de todos los órganos del Estado y de esa forma convertirse en una parte significativa de la clase dominante de la nación. A esas dos condiciones materiales se le añaden la concentración de la riqueza, la desigualdad social, la delincuencia y la criminalidad, así como la ausencia de un real estado de derecho como lo consagra la Constitución.
Echadas esas condiciones, afloraron además las acciones y actitudes autoritarias propias del modelo de dominación caudillista y su vocación por el continuismo, lo que condujo a la aplicación de acciones coactivas y maquiavélicas, incluyendo el espionaje ilegal contra periodistas, juezas, y hasta contra excompañeros, que sirvieron de caldo de cultivo de la división del partido, así como de estímulo para la articulación de los poderes fácticos nacionales e internacionales que en las elecciones pasadas pudieron derrotar el dominio de 20 años del PLD.
En la transición la decisión de autorizar otro aeropuerto internacional en Bávaro, el ascenso de generales y el intento de ascenso de fiscales afectos, nos dicen que los dirigentes del PLD no aprendieron la lección de su derrota.
¡Estudiemos la historia social y política dominicana!
