La lucha contra la corrupción es una tarea difícil y compleja, pero hay que iniciarla y sostenerla, si queremos que los recursos públicos se apliquen con racionalidad, efectividad y moralidad para el desarrollo nacional y colectivo, y para dirigir dichos recursos a la solución de tantos problemas públicos que se mantienen sin solución y que se agravan con el tiempo, precisamente por la magnitud que ha alcanzado la corrupción, es decir, por la “mala maña” de muchos de apropiarse para fines privados de los bienes y recursos públicos, es decir, de lo ajeno.
En las últimas décadas esas prácticas de la corrupción han alcanzado la categoría de sistema social muy bien establecido, con sus estructuras sistemáticas, vulgarmente llamadas “mafias” que integran buena parte del funcionariado y ciertos agentes del empresariado, así como toda una ideología de justificación de esas prácticas y estructuras “mafiosas” que son perfectamente identificables a través de los medios de comunicación masiva, donde los opinadores integrados a esas estructuras, sin ningún escrúpulo, hacen vehementes defensas de la corrupción bajo el alegato de que probar los casos de corrupción es tan difícil que todo ha de quedar igual: “Esa “realidad” habrá de imponerse”.
Son claras manifestaciones del fenómeno, los abundantes casos de corrupción que han salido a la luz pública y que todavía permanecen sin procesamiento judicial, así como los nuevos casos de conductas de algunos de los nuevos funcionarios que se insertaron en el “cambio”, pero que están comprometidos con el psiquismo de la corrupción.
La lucha contra el ‘barrilito”, el conflicto de interés que emana de la situación de ser un alto funcionario del Estado y ser proveedor del Gobierno, así como ser un funcionario municipal y ser proveedor de los ayuntamientos, son expresiones de esa mentalidad que legitima la corrupción como sistema.
Por eso decimos que es difícil y ardua la tarea en contra de la corrupción. Pero hay que iniciarla y sostenerla, si es que queremos que la nación se enrumbe por el desarrollo colectivo y la moralidad en la función pública. Por eso también merecen apoyo y reconocimiento las muestras marginales de desprendimiento anticorrupción, hechas por el Presidente Abinader y los senadores Antonio Taveras y Eduardo Estrella, quienes se han desprendido de derechos y privilegios como son las gastos de representación, sueldos y del “barrilito”, dando una señal de su compromiso en la lucha contra la corrupción y con la nación dominicana.
Es perentorio que la nación entera se movilice a favor de un gobierno decente que dirige sus pasos por el mejor uso de los recursos públicos y por la abolición de una cultura y un sistema social que persiste en la legitimación de una tradición que ha condenado al país a una jefatura caudillista, bajo la consigna de la “dominación personal” en contra de la dominación institucional fundada en las leyes, la Constitución y la racionalidad.
Esa lucha exige una fuerte voluntad de los nuevos gobernantes y de la ciudadanía, quienes tienen que mantenerse vigilantes contra los asomos indiscriminados de los agentes que han asumido la corrupción como un “medio y modo de vida”.
¡Apoyemos, pues, los esfuerzos por la transformación moral de la República!