Genera mucho enfado e indignación la justificación que ofrece el ministro de Educación a las cancelaciones de miles de empleados administrativos en esa dependencia, especialmente su afirmación de que es natural que se produzcan esos despidos durante un cambio de gobierno.
Roberto Fulcar se erige como un perdonavidas, al señalar que esperó desde agosto hasta diciembre para producir ese oleaje de destituciones, que Diario Libre confirmó en por lo menos 22 mil y otras fuentes lo sitúan en una cifra mucho mayor, pero en cualquier caso, aun la mitad resultaría alarmante.
También el influyente ministro considera que hay que agradecerle su benevolencia porque instruyó a directores departamentales que la cacería no incluyera a personal de carrera, mujeres embarazadas o enfermos de coronavirus, como si esas condiciones no estuvieran protegidas por la ley.
¿Cómo es posible que se defina como algo normal el despido de miles de conserjes, vigilantes, analistas, secretarias, auxiliares, mensajeros, choferes y otros servidores administrativos insertos en el nivel más humilde de la escala salarial? ¿Acaso el ministro de Educación apuesta a canjear miseria por miseria?
¿Tendría el mismo valor cívico el señor ministro para disponer la cancelación de maestros o técnicos que cobran sin trabajar o que disfrutan de largas y dudosas licencias laborales?
¿En cuál cartilla constitucional o manual de la administración pública se sustenta la infeliz decisión de producir cancelaciones masivas de empleados administrativos para nombrar en su lugar a reclamantes del botín electoral?
No se niega el derecho de un funcionario a sustituir a colaboradores por personal de confianza o de mayor calificación laboral, pero de ahí a despedir a miles de infelices servidores debe haber una diferencia que no se compara siquiera con el despido de directores regionales que ganaron sus posiciones.
Fulcar debería saber que el Ministerio de Educación no es ni debe ser una heredad política ni personal, que su misión es la de dirigir esa dependencia con responsabilidad, sabiduría y absoluto apego a la ley, sin botar a tanta gente como si se tratara de remover algún vertedero humano. Sepa ese funcionario que su justificación a lo que ha hecho provoca mayor indignación y enfado.
