El cambio de gobierno trajo la expectativa ciudadana que favorece el establecimiento de una Justicia y un Ministerio Público independientes, de modo que se fortalezca y se consolide la institucionalidad democrática, al tiempo que el aparato judicial garantice un combate efectivo a la corrupción y la impunidad.
Esa expectativa se hizo más notable por la demanda que hiciera el movimiento social de la Marcha Verde y la decisión del presidente Abinader de designar en la Procuraduría General de la República a una persona con independencia de partidos y reputada como una profesional idónea y con una reconocida trayectoria en la Justicia.
Esa coyuntura rápidamente se manifestó en el dinamismo que exhibiera el Ministerio Público investigando y sometiendo a la Justicia variados expedientes de corrupción y de narcotráfico, cuyos imputados correspondían al anterior gobierno y al propio gobierno actual.
A medida que esos casos se trataron públicamente se fortalecía la expectativa favorable al combate a la corrupción y a la impunidad.
Sin embargo, aunque los nuevos funcionarios judiciales y del Ministerio Público preparaban los expedientes y se abrían las diferentes audiencias para las medidas de coerción, con el paso del tiempo el clima de opinión ha ido cambiando, debilitándose las expectativas por una Justicia independiente.
Ese clima de frustración se fue desenvolviendo a partir del fracaso del caso de la Odebrecht, cuyo expediente había sido preparado para que el fallo judicial favoreciera a los inculpados, por no haber sustentación jurídica en las pruebas levantadas y sometidas por el Ministerio Público. Lo de Odebrecht fue la consecuencia directa de un aparato judicial secuestrado y controlado por la clase gobernante y dominante que emergió en la Era del PLD.
Ese dominio de la Justicia vuelve a manifestarse con el fallo sobre el caso de los Tucanos, donde los imputados también fueron encontrados no culpables y por tanto absueltos por la Justicia.
Llama la atención en ambos casos que tanto la Odebrecht como la Embraer de los Tucanos, confesaron los sobornos entregados a los funcionarios para obtener los contratos de obras y de venta de los aviones, respectivamente.
Esa admisión de culpa y su compromiso pactado para facilitar a los fiscales toda la documentación y elementos de prueba, parece que no fueron considerados ni por el Ministerio Público ni por los tribunales judiciales, de manera tal que los casos se cayeron en la Justicia.
El combate a la corrupción y la impunidad, en consecuencia, parece que avanza hacia la nada, para que todo siga igual en materia de la Justicia dominicana. El cambio, también queda en entredicho, ya que esos fallos, que fueron previstos por la flojedad de los expedientes, son una clara señal de los pesados obstáculos para la institucionalidad democrática, así como para establecer un nuevo modelo racional-legal del liderazgo presidencial, que permita superar el paradigma tradicional caudillista personalista.
¡Hay que insistir en la Justicia independiente para moralizar y ordenar la vida nacional!
