Hoy el país supera el medio millón de personas vacunadas contra el Covid-19, al tiempo que el proceso de vacunación avanza aparentemente bajo control de las autoridades sanitarias. Así mismo, tiempo se ofrecen los indicadores sobre la positividad del contagio y de la letalidad, que avalan la idea de que la pandemia estaría camino a ser controlada en el país.
Llama la atención que República Dominicana se haya colocado como el segundo en la cantidad proporcional de población vacunada en la región de la América Latina, superado solo por Chile. Todas estas señales van creando un clima de mayor tranquilidad social y de más confianza en las autoridades que manejan el ataque al Coronavirus.
Con la vacunación también se disipan los temores generados por la entrada al país de las cepas británicas y brasileñas, porque con la vacuna esas cepas más agresivas se entiende que serán neutralizadas en la peligrosidad que se dice contienen.
Ese clima de mayor tranquilidad no debe, sin embargo, hacer bajar la guardia tanto de las autoridades como de la ciudadanía, en cuanto a las medidas de prevención de la enfermedad, de modo que ahora más que nunca se deben reforzar el cumplimiento de las medidas restrictivas, así como las medidas del protocolo sanitario que indica el uso de las mascarillas, la distancia social y el lavado de las manos.
De esa manera el país podría en un tiempo prudente llegar a un nivel de control de la pandemia que podría declararse capacitado para convivir con un nivel mínimo de Covid-19, pudiendo abrir la economía y retornar a la libre circulación de la gente para la normalización de las actividades habituales.
En materia de justicia, pese a las grandes dificultades en los distintos estamentos judiciales por su alto nivel de penetración y apropiación de las clases políticas, la Justicia, en especial por la actuación del Ministerio Público, el cual opera ahora con un mayor nivel de independencia del Poder Ejecutivo, está conduciendo su actuación con sumo cuidado y prudencia frente a los diversos y variados casos de corrupción que le ocupa el tiempo.
Esos casos de gran impacto en la vida económica, social y política, tienen que ser tratados con suma cautela y profesionalidad, cuidando siempre del debido proceso, de modo que las acusaciones que se puedan establecer, no se deslegitimen y caigan en el descrédito por la debilidad de los expedientes y por la falta de las debidas pruebas que los sustenten.
La justicia debe tomarse su tiempo y actuar con la debida seriedad, para que la corrupción, mal endémico del ejercicio de la política, sea debidamente sancionada y de esa manera el país avance hacia la necesaria institucionalidad democrática fundamentada en la ley y el estado de derecho.
¡En materia sanitaria y de justicia, pues, avanzamos bien!