La decisión del gobierno que encabeza Luis Abinader de conformar un Ministerio Público con profesionales probos, capaces e independientes de la vida político-partidaria, crea un ambiente propicio para que el caso Odebrecht en República Dominicana, tome el rumbo normal que deberían seguir los casos de justicia.
La selectividad que se aplicara en la imputación a los implicados, la exclusión de posibles responsables de los ilícitos asociados a la corrupción con que operaba la multinacional brasileña, según su propia confesión; así como la flojedad en la elaboración de los expedientes de los implicados, son claras señales de que la actuación del Ministerio Público estuvo encaminada desde que estallara el escándalo a nivel internacional, a proteger a la multinacional y sus “socios” nacionales.
Las nuevas condiciones abren una gran oportunidad para que el Ministerio Público, constituido con incumbentes independientes y sujetándose a los preceptos de Ley, pueda completar la investigación del caso, de manera tal que la Justicia dominicana tenga la oportunidad como otras lo han hecho en la región, de enjuiciar a los reales implicados, con las debidas pruebas y cumpliendo con el “debido proceso”.
El caso Odebrecht, como el “fraude bancario” del 2003, debe llevar al banquillo de los acusados a los verdaderos responsables, sin consideración de su estatura social, política o económica. Crea una esperanza en ese sentido la posición externada por la Procuradora Adjunta Yeni Berenice de que “irán con todo y por todos”.
La impunidad del escándalo Odebrecht en nuestro caso, le asestaría un golpe mortal a la institucionalidad democrática en el país y confirmaría aquellos viejos dictámenes de que la democracia en República Dominicana “es una ficción”, como lo dijera Juan Isidro Jimenes; y que la organización del Estado según lo manda la Constitución, es un intento fallido, tal como lo dictaminara el famoso sociólogo francés, Alain Touraine.
Muchos dominicanos dicen profesar su devoción y sueño por un país organizado y respetuoso de su Constitución, desde que Duarte, el Padre de la Patria, enarbolara ese ideal democrático para su nación. Y son muchas las víctimas heroicas que dieron sus vidas por esos ideales por una Patria libre, democrática y soberana.
Pero esos ideales se han visto tronchados por aquellos dominicanos que han abrazado la idea atrasada de una jefatura política caracterizada por la “dominación personal y caudillista” que ha sostenido un régimen muchas veces autoritario y dictatorial que ha obstaculizado el avance institucional y democrático de la nación.
En esa trayectoria ha sido sacrificada la institucionalidad de una Justicia, basada en el derecho, la equidad, la objetividad y la verdad, con lo que se ha propiciado un orden político y social negador del estado de derecho y de la democracia, además de subdesarrollado, lleno de pobreza e ignorancia y hoy día escasamente cohesionado por la descomposición social y moral de sus habitantes, mayormente motivados por la búsqueda del “dinero” en un afán despojado de “valores”.
El juicio a la Odebrecht y sus reales implicados, es, entonces, una necesidad para que la nación se enrumbe por los senderos que señalan los ideales que trazaron los padres y héroes de la Patria.
¡Qué el Ministerio Público, la Justicia y todos los “buenos” dominicanos asuman ese reto!
