OPINIÓN: Allanamiento histórico

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El allanamiento de la Cámara de Cuentas por parte de fiscales y agentes policiales, ha sido calificado como un hecho histórico sin precedentes en la vida institucional de la nación. El hecho forma parte de un proceso de investigación que envuelve a los integrantes del órgano fiscalizador que tiene como función servir de control externo mediante las auditorias a las instituciones del Estado que tienen que rendir cuentas del uso de los recursos públicos.

El órgano acusador de la PEPCA, dependencia especializada de la Procuraduría General de la República para la persecución de la corrupción, denominó la acción de “Operación Caracol”, cuyo propósito era reunir una amplia documentación incautada, con la fina­lidad de recabar las pruebas necesarias para acusar a los miembros de ese organismo de obstrucción de la justicia y por delitos de corrupción administrativa, entre otros posibles delitos penales.

La operación hay que situarla dentro de la estrategia que viene realizando la PEPCA y la Procuraduría en su lucha contra la corrupción y la impunidad, luego del “cambio” y del nuevo gobierno que decidió la independencia del Ministerio Público y de la Procuraduría respecto a la injerencia de los grupos gobernantes.

La acción presagia que está cerca el momento en que dicho Ministerio Público, presente una serie de casos de corrupción debidamente investigados y con las pruebas que los sustenten, los cuales deberán ser sometidos  ante la justicia dominicana, con el consiguiente apresamiento de los exfuncionarios que resulten imputados y su posterior enjuiciamiento.

Esa labor debe hacerse con toda la prudencia y profesionalidad posibles, para lo cual no debe haber apresuramientos que den lugar a inobservancias de pruebas y al descrédito de los expedientes. La labor judicial debe andar con pies de plomo, pero firme para que la lucha contra la “pandemia” de la corrupción y la impunidad encuentre en la Justicia un valladar que la detenga.

El país no puede seguir andando por el camino de la corrupción y la impunidad como vías para la formación de las clases gobernantes y dominantes. Ese objetivo político debe, como en todo régimen social capitalista, buscarse mediante el fomento y consolidación de la institucionalidad del mercado, la iniciativa privada y el estado social y de derecho.

Es en esa institucionalidad del mercado pero bien regulado por el Estado, en donde a través de las empresas en un contexto de una economía dinámica, deben emerger la clase económica dominante responsable de la generación de oportunidades y riquezas, así como la clase gobernante especializada en el manejo de los poderes del Estado, para estimular y regular las operaciones de los agentes económicos, dirigiéndolos a la consecución del desarrollo y el  bienestar de la nación.

En ese contexto, le cabe a la justicia independiente juzgar y sancionar toda desviación a las normas jurídicas que sustentan el orden social y jurídico de la nación, desviaciones que puedan cometer tanto los agentes económicos como los integrantes de la clase gobernante. La Justicia debe velar y asegurar el debido comportamiento ético y legal de los actores sociales, tanto dentro de la economía como dentro del Estado.

Ese es el rumbo que parece que inspira la acción de gobierno que encabeza Luis Abinader.

¡Qué no desmaye en ese propósito institucional! 

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