La Cámara de Diputados aprobó el proyecto de ley que crea el Sistema Nacional de Alertas para la búsqueda de personas desaparecidas en la República Dominicana.
La Cámara de Diputados aprobó el proyecto de ley que crea el Sistema Nacional de Alertas para la búsqueda de personas desaparecidas en la República Dominicana.
La iniciativa, pendiente de promulgación por el Poder Ejecutivo, establece un nuevo protocolo de actuación para los organismos de seguridad del Estado.
El procedimiento dicta que la Policía Nacional o el Ministerio Público activarán la alerta inmediatamente después de recibir y valorar la denuncia, eliminando el requisito de esperar 24 horas desde la desaparición.
Los datos del ciudadano se ingresarán a un registro nacional para coordinar el despliegue de búsqueda en hospitales, terminales de transporte, aeropuertos y puestos fronterizos.
Una comisión encabezada por el Ministerio de Interior y Policía (MIP) coordinará la difusión de fotografías e información del desaparecido.
La transmisión se realizará a través de radio, televisión, mensajería de telefonía móvil, redes sociales y boletines policiales. En caso de indicios de traslado al exterior, las autoridades solicitarán asistencia a organismos internacionales.
El protocolo establece que la emisión de la alerta tendrá una duración inicial de cinco días. Los cuerpos de seguridad y persecución tienen la facultad de prorrogar la medida por plazos iguales, la cantidad de veces que la investigación lo requiera.
El marco legal clasifica las alertas en cuatro categorías específicas para la movilización de recursos.
Alerta AmberRD estará destinada a la búsqueda de niños, niñas y adolescentes. Mientras, Alerta Silver se aplicará en casos de personas mayores de 65 años.
Asimismo, Alerta Azul se activará para individuos con algún déficit o limitación física y cognitiva. Por último, la Alerta Rosa se establece para casos de desaparición de mujeres.
La legislación también estipula sanciones directas para los servidores públicos que tengan conocimiento de una desaparición y no lo informen. Las penalidades incluyen la destitución del cargo, sin descartar el sometimiento a responsabilidades civiles y penales.
