La República Dominicana se convirtió en uno de los países con mayor número de fragmentaciones municipales de la región, debido al incremento de un 152 % de las entidades municipales en las últimas dos décadas, al pasar de 155 a 393 en los últimos 25 años, según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).
“Aunque en 2007 se introdujeron requisitos mínimos para la creación de entidades municipales que contribuyeron a frenar su proliferación, en la práctica no ha funcionado”, resalta el organismo internacional en su informe sobre el Panorama de las relaciones fiscales entre niveles de gobiernos de países de América Latina y el Caribe (LAC).

República Dominicana es uno de los países con mayor división municipal en la región

La Alcaldía de Santo Domingo Este define las entidades municipales como entes de carácter público, creadas para dar respuesta a las necesidades básicas del entorno en el que tienen jurisdicción, por ejemplo: ordenamiento territorial, gestión de suelo, planeamiento urbano, ejecución y disciplina urbanística, mantenimiento y uso de áreas verdes, garantizar saneamiento ambiental (recogida y manejo de residuos y aguas residuales) y otras responsabilidades.
En ese sentido, para que los gobiernos locales (como también se les denomina a las alcaldías) ejecuten sus funciones en beneficio de la sociedad sin distracciones ni contratiempos, desde el 2010, el Estado dota de “cierta autonomía” en aspectos políticos y fiscales a las autoridades que dirigen estas instituciones públicas.
La Federación Dominicana de Municipios (Fedomu) tiene registrados 158 alcaldes y alcaldesas, uno por cada municipio, sin calcular la cantidad de funcionarios por distritos municipales, quienes también operan con autonomía y presupuesto propio.
Para la Cepal, el hecho de que haya una alta fragmentación municipal y autoridades «es un fenómeno», y lo atribuye a que la ley de ingresos municipales asegura una transferencia mínima a las entidades municipales, lo que da paso a su creación.
La Cepal calcula que para 2019, la inversión pública de los gobiernos locales era de alrededor de 3.7 % del total del país y equivalía el 0.1 % del producto interno bruto (PIB). Además, señala que la legislación establece que el 40 % de los ingresos debe asignarse a gasto capital; esta categoría representaba alrededor del 30 % de los egresos municipales.
El informe detalla que el mayor porcentaje del gasto municipal se derogó para gastos de consumo, con 64.6 %, lo que representa el 0.3 % del PIB. Mientras que el 29.1 % fue destinado a gasto de capital.

Al referirse a la inversión real municipal como factor de incidencia en el desarrollo económico y mejora en la calidad de vida de los habitantes de los municipios, indica que apenas el 0.1 % se destinó a las inversiones, marcando una tendencia que se mantiene hasta la fecha.
El organismo económico resalta que dentro de los principales retos para las relaciones fiscales de gobierno se encuentra la poca definición de las funciones de gasto municipal, escasa capacidad recaudadora y falta de marco de responsabilidad fiscal.
La proyección de la Cepal se debe a que en el presupuesto de 2021 se estableció un aumento de 3.13 % de las transferencias municipales con respecto al año anterior y se espera un aumento de un punto porcentual cada año hasta 2024.

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