Por Juan Ubaldo Sosa Circula actualmente en la red social Facebook un reel en el que una persona —cuya conducta y expresiones la retratan de manera lamentable—se refiere al proceso judicial vinculado a la discoteca Jet Set, profiriendo ataques verbales groseros, irrespetuosos y abiertamente ofensivos contra la Magistrada Procuradora General de la República.
Tales expresiones no solo constituyen un agravio a su condición de funcionaria pública, sino que vulneran de forma directa su honor, su dignidad personal y su derecho constitucional albuen nombre.
Desde hace tiempo me he inscrito, sin ambages, entre quienes sostienen que las redes sociales, ante la imposibilidad práctica de suprimirlas, deben al menos ser reguladas con rigor y restringidas a su mínima expresión.
Es imprescindible establecer parámetros claros, filtros objetivos y perfiles de acceso que delimiten quiénes pueden participar en determinados espacios de difusión pública, especialmente aquellos de alto impacto social.
La democracia y el derecho fundamental a la libertad de expresión no pueden ni deben erigirse en patente de corso para que cualquier individuo, carente de méritos, formación o responsabilidad cívica, utilice estas plataformas para vomitar frustraciones personales, resentimientos, mediocridad o envidia frente al mérito ajeno.
La libertad de expresión no ampara el insulto, la difamación ni la degradación moral del otro. Las redes sociales, por tanto, deben ser controladas; controladas de manera efectiva y sin complejos.
El Estado dominicano debería asumir unaposición firme y responsable frente a las grandes plataformas digitales —Facebook,YouTube y otras— y gestionar, en lo concerniente al territorio nacional, una limitación sustancial de contenidos,privilegiando aquellos de carácter académico, científico, cultural y socialmente edificantes.
Asimismo, resulta necesario implementar mecanismos eficaces para sancionar y excluir de estos espacios a quienes hacen de la ofensa, el lenguaje soez y la agresión verbal su único discurso.
Los funcionarios públicos —incluidos magistrados, jueces, fiscales y servidores del Estado en sus distintos niveles— merecen respeto, no solo por la investidura que ostentan, sino por su condición humana.
Existen vías legítimas para disentir, criticar o cuestionar su actuación; pero tales mecanismos deben ejercerse dentro de un marco de respeto, racionalidad y consideración debida, sin transgredir jamás la dignidad, el honor ni el derecho al respeto personal.
La conducta de la persona a la que se ha hecho referencia encuadra, sin lugar a dudas, en el ultraje a un funcionario público, reflejo de una preocupante degradación social que no puede ni debe quedar impune.
Este tipo de comportamientos exige consecuencias drásticas, no como venganza, sino como medida disuasoria ejemplar, destinada a preservar la convivencia, la institucionalidad y el respeto mínimo que debe imperar en una sociedad que aspire a llamarse civilizada.
