Un informe presentado por el Ministerio de Educación, el cual se fundamenta en una investigación científica, revela datos que evidencian la acentuación de la descomposición de la sociedad, desintegración de núcleos familiares, debilidad del sistema educativo y el predominio de los antivalores en las escuelas del país.
¿Cuál es el panorama reflejado en la documentación expuesta por las autoridades? El cuadro se expresa en violencia, acoso sexual, violaciones sexuales, consumo de drogas, embarazos indeseables, conducta incorrecta e indisciplina; esa realidad es dramática, preocupante y alarmante.
Se muestran cifras escalofriantes, las cuales se concretizan en 20 mil 120 acciones violentas entre estudiantes, mil 724 confrontaciones entre alumnos y docentes, más de mil niñas y adolescentes embarazadas y cientos de jóvenes consumen sustancias prohibidas.
Frente a esa espantosa panorámica, surgen las preguntas siguientes: ¿Qué hacen los directores de los planteles para evitar esos problemas? ¿Por qué impera el desorden y la violencia en los centros educativos? ¿No cumplen los profesores con el rol de educar y propiciar la formación íntegra de la niñez y la adolescencia? ¿Y las autoridades superiores, qué papel desempeñan? ¿No hay supervisión en las escuelas? ¿Y la familia que rol asume? ¿Todo anda como chivo sin ley? ¿Quién o quiénes responden a estas interrogantes?
Es oportuno, entonces, que las autoridades mediten en torno a esta grave problemática e impongan la ordenanza y transformar las estructuras escolares en plataformas para proporcionar la formación íntegra del estudiantado y propiciar el desarrollo científico del proceso enseñanza-aprendizaje, porque solo de esa manera se le impregnará calidad a la educación, la cual es clave para producir cambios significativos, tanto en los seres humanos como en la sociedad.
Para que República Dominicana rebase el atraso y el subdesarrollo, es imprescindible garantizar una buena educación y forjar a ciudadanos responsables; ese es el deber del Estado.
JCE, democracia y partidos
La Junta de Central Electoral, órgano rector del sistema político-electoral dominicano, ha emitido la resolución 13-2023, mediante la cual establece que las reservas de candidaturas serán de un 20 % en todos los niveles y por demarcaciones.
Ante ese dictamen, los partidos de oposición han decidido rechazarlo, tras alegar que viola las leyes políticas-electorales y la Constitución, en virtud de ello, someterán un recurso ante las instancias correspondientes, a fin de que se deje sin efecto.
Tanto los miembros de la JCE como los dirigentes políticos, deben sentarse a evaluar todo lo relacionado con las elecciones que se efectuarán en el 2024 y aunar esfuerzos, en procura de que los comicios sean transparentes y democráticos, porque así lo amerita la paz social y la democracia.
