Por Rahibe Pérez
Hay días en que una se pregunta cuántos siglos estamos retrocediendo con cada decisión del Congreso. Qué tipo de humanidad se está legitimando mediante las leyes que allí se aprueban. Somos testigos de un tiempo en el que demasiadas cosas se votan en ignorancia y se promulgan sin diálogo. Vamos perdiendo la esperanza, mientras se va desgastando, de a pellizcos, la dignidad.
El nuevo proyecto de Código Penal dominicano, aprobado en segunda lectura en el Senado y camino ya hacia la Cámara de Diputados, es una muestra dolorosa de esa deriva. En lugar de saldar deudas históricas con las víctimas, profundiza la impunidad. En lugar de ampliar derechos, restringe libertades. En lugar de nombrar las múltiples formas de violencia, las borra con definiciones estrechas y selectivas.
La democracia no se mide solo por la ocurrencia oportuna de elecciones. Se mide por cómo cuida a quienes siempre han sido vulnerables. Por cómo protege la protesta, la denuncia, la libertad de ser y de amar. Por cómo reconoce el trauma, el miedo, la desigualdad. Hoy, en República Dominicana y en tantos otros países, la institucionalidad parece endurecerse contra las personas y ablandarse frente al poder.
Este Código:
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Permite que los delitos por agresión sexual prescriban, desconociendo el trauma.
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Elimina la figura del cómplice, debilitando la persecución del encubrimiento.
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Sanciona con hasta 30 años compartir información con entidades extranjeras, sin distinguir entre espionaje y periodismo.
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Omite la protección contra la discriminación por identidad de género y orientación sexual.
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Reduce penas por violencia de género, incluso en contextos de amenazas o presencia de menores.
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Criminaliza las críticas a funcionarios públicos, disfrazando de “dignidad” la censura.
Y lo más alarmante: excluye, otra vez, las tres causales. Mujeres y niñas quedan desprotegidas en casos de violación, inviabilidad fetal o peligro para su vida.
Si una mujer llega a emergencias con un embarazo ectópico o un aborto espontáneo, el personal médico puede negarse a atenderla por miedo a ser sancionado.
El caso se tratará como aborto consentido o provocado. Esa mujer, además de estar en riesgo de muerte, puede ser judicializada, procesada y condenada.
El mensaje es claro: en este país, la vida de las mujeres no importa.
También limita el feminicidio solo a casos con violencia sexual explícita, exposición del cuerpo o como resultado de ritos grupales, tomando tres características del Código Penal Federal de México, precisamente las que menos se ajustan a la realidad dominicana. Deja fuera a las que fueron asesinadas por control, por decidir irse, por decir “no”, por querer ser libres.
Y no hablaré de números, porque esto no trata de cifras. Se trata de vidas. De nombres. De historias que, con cada omisión legal, son borradas y barridas de la memoria colectiva.
Nos quieren despojar de todo, pero se les olvida que aún nos queda la palabra. Nos queda el encuentro. Nos queda la ternura como forma de resistencia.
Este Código Penal no es un caso aislado. Es parte de una tendencia global. El péndulo democrático oscila con fuerza hacia el autoritarismo legalizado, normalizado.
Una sociedad que se llame “justa” no legisla desde el miedo ni desde el dogma, sino desde el respeto radical por la vida, la autonomía y la pluralidad.
Si este Código se aprueba tal como está, no será solo un error legislativo: será una herida abierta en el pacto democrático, una traición al país justo que todavía nos atrevemos a imaginar.
Y si defender la vida, los derechos y la equidad incomoda al poder, que sea esa incomodidad la que despierte su consciencia dormida. Puede que aún estemos a tiempo. A tiempo de escuchar. A tiempo de legislar con humanidad. Mientras, aquí estamos las mujeres, con la frente en alto y las manos abiertas. Aquí estamos, exigiendo dignidad y sembrando justicia.
