La Procuradora General de la República, Doña Miriam Germán, ha dirigido una comunicación al Consultor Jurídico del Poder Ejecutivo en la que expresa sentirse agraviada por las declaraciones de un alto dirigente del Partido de la Liberación Dominicana que define al Ministerio Público como un instrumento del Gobierno, cuya misión es destruir al partido opositor.
Frente a esa imputación, la Procuradora desmiente que el Poder Ejecutivo a través del Consultor Jurídico intervenga en los asuntos del Ministerio Público, al tiempo de señalar que esa Procuraduría y su equipo sostuvo una reunión el pasado noviembre del 2022 con el Consultor Jurídico y su equipo para tratar asuntos relativos al proyecto sobre el Ministerio de Justicia.
Esa aclaración de la Procuradora, que reitera la independencia del Ministerio Público del Poder Ejecutivo, se produce con motivo de las alusiones hechas por la dirigencia del PLD relativas a los casos de corrupción en los que se vinculan exfuncionarios del pasado gobierno, vinculación calificada de “persecución política”, y que sigue “el guion de la politización de la justicia”.
Mientras el alegato de la Procuradora se enmarca en su visión de la democracia clásica que resalta el principio de la separación de los poderes del Estado, la denuncia del PLD emana de su visión totalitaria con su deriva autoritaria que ve a las instituciones del Estado como órganos institucionales al servicio de la dominación de la clase dominante.
Se trata de una confrontación conceptual y moral en la que la Procuradora reproduce la visión formal del Estado democrático, para la cual el Ministerio Público le toca la responsabilidad de investigar y perseguir las acciones delictivas de los actores sociales que violan el marco jurídico y la ética. Y en esa tarea el MP se ha de mantener fuera y separado de toda interferencia de la política.
Por el contrario, la visión política autoritaria expresada en la reacción del PLD no puede ver en la acción del Ministerio Público, más que un propósito de fortalecer el poder político del partido de gobierno y de los poderes fácticos a los que responde, tal como lo hicieron cuando eran gobierno, despreciando además la ley, la ética y la moral como guías de la conducta política. Por eso la corrupción se justifica como un instrumento para darle sustentación económica a los sectores con aspiración de clase dominante.
Esa es la dialéctica que está detrás de la confrontación entre el Ministerio Público de corte democrático y la defensa que hace el PLD de sus exfuncionarios bajo los conceptos del totalitarismo autoritario.
Entendidas esas dos concepciones, la población está abocada a optar o por la democracia moralizante respetuosa de la ley o por el totalitarismo autoritario y apropiador de los recursos públicos para fines privados.
¡Qué se respete, pues en democracia, la majestad del Ministerio Público!
