Uno de los ejes de la presente gestión de gobierno ha sido el fortalecimiento de la institucionalidad democrática y su compromiso en la lucha contra la corrupción y la impunidad, así como en la transparencia y la honestidad en el uso de los recursos.
Esa intención en buena mediada se ha ido logrando a partir de la decisión del presidente de designar un Ministerio Público independiente, integrado por profesionales del derecho probos y capaces y de una trayectoria jurídica reconocida.
Por esa razón al inicio de esta gestión ese Ministerio Público procedió a investigar una serie de casos de corrupción, cuyo sometimiento a la Justicia ha develado las variadas redes que se conformaron y se permitieron para apropiarse de los recursos públicos, con el objetivo político de crear una nueva clase gobernante que sustentara el dominio del partido gobernante.
Esa cruzada contra la corrupción, sin embargo, se ha visto entorpecida y demorada, hasta el punto de que se ha creado un clima de dudas e incredulidad sobre cuál será el desenlace de esos procesos, los cuales podrían perimir por el agotamiento de los plazos.
Uno de esos casos espectaculares ha sido el que se le ha seguido al pasado exprocurador, Jean Alain Rodríguez, a quien se le acusa de irregularidades que montan los miles y miles de millones de pesos, proceso que corre el riesgo de perimir sin la debida sanción positiva o negativa.
Un desenlace negativo de ese caso, así como de los otros viejos y nuevos, generaría una gran frustración en aquellos sectores que se han manifestado en favor de la institucionalidad y del fortalecimiento de la Justicia para perseguir y sancionar la delincuencia, dentro de la cual se expresa la corrupción administrativa.
En medio de ese clima de dudas y debilitamiento de la cruzada contra la corrupción, la defensa del exprocurador gestionó, de un organismo vinculado a las Naciones Unidas, una opinión favorable a la liberación del imputado sin condiciones, a manera de condicionar la ponderación de los jueces que tratan el señalado caso.
Ante ese panorama, otro organismo de un gobierno extranjero como lo es el Departamento de Estado de los EE. UU. ha dado a conocer un informe en que se sanciona con el quitado de visas para entrar a ese gran país del Norte, al exprocurador a quien señala por actos de corrupción en el uso y destino de recursos públicos.
Ese dictamen de los EE. UU. no cabe dudas que debilita la defensa del exprocurador y viene a ser una contra respuesta a la opinión del grupo de trabajo de la ONU, al tiempo de animar en el plano interno al gobierno y a los sectores que luchan por una Justicia en capacidad de sancionar las conductas corruptas de los funcionarios.
Esa sanción externa, en medio del proceso, constituye una condena fáctica que estigmatiza la moral pública del exprocurador, al tiempo de servir como una motivación para acelerar el paso del pesado y comprometido aparato de la Justicia Dominicana, la cual debe ser sometida a un profundo proceso de profilaxis y depuración, a modo de liberarla de las influencias de los grupos fácticos que gravitan en sus decisiones.
¡Qué se fortalezca la lucha anticorrupción!
