Nueva vez, el Poder Judicial se encuentra en el ojo del huracán por un escándalo que sacude la confianza ciudadana en las instituciones llamadas a impartir justicia.
Esta vez,el caso es tan grave como indignante: un hombre condenado por violar a su hijastra fue liberado y, como si fuera poco, contratado para formar a los futuros abogados del país. Se trata de Donni Mayobanex Santana Cuevas, condenado a veinte años de prisión por la violación de su hijastra de apenas once años.
Un hecho atroz, documentado y sancionado en los tribunales, que de la noche a la mañana parece haber quedado en el olvido. Su excarcelación, avalada por el juez José Manuel Arias, ha encendido las alarmas en una sociedad que ya arrastra demasiados escándalos judiciales.
Lo más escandaloso, sin embargo, es que el Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD), institución que debería ser garante de la ética y la moral profesional, no solo legitimó esta decisión, sino que además dio un paso más allá: contrató al pederasta confeso como docente en sus programas de formación. El colmo del absurdo.
¿En qué precedente jurídico o ético se ampara semejante atropello? ¿Cómo explicar a las víctimas de abuso sexual que su agresor puede, después de cumplir solo una parte de su condena, ocupar espacios de prestigio académico y ser presentado como “modelo” en las aulas jurídicas? La incoherencia no puede ser mayor.
Si seguimos esta lógica, habría que preparar a las cárceles para una avalancha de solicitudes de libertad de otros condenados por delitos semejantes. Y no solo eso: de ser consistentes con este “criterio”, esos mismos liberados podrían exigir ser contratados como maestros, conferencistas o asesores en las escuelas del sistema educativo. Una burla sin precedentes.
La justicia dominicana, ya golpeada por cuestionamientos de parcialidad, clientelismo y tráfico de influencias, recibe otro duro golpe a su credibilidad. El CARD, por su parte, se hunde en un descrédito peligroso, porque con este paso contradice frontalmente su misión de velar por la dignidad y los valores de la abogacía nacional.
La indignación ciudadana es más que comprensible. La pregunta de fondo es si las instituciones están dispuestas a rectificar o si, por el contrario, prefieren seguir
profundizando la brecha entre justicia y sociedad. Porque, mientras tanto, la imagen del Poder Judicial y del CARD no es otra que la de un sistema que protege al agresor y revictimiza a los más vulnerables.
