Seis de cada diez homicidios perpetrados en República Dominicana tienen su causa en conflictos sociales, lo que hace pensar que la población vive sobre un barril de violencia donde se asesinan ciudadanos por cualquier incidente menor, lo que representa un desafío que trasciende el ámbito institucional.
La procuradora general, Yeni Berenice Reynoso, reveló que el 58.9 % de los homicidios registrados en el país se originan en problemas interpersonales, preocupante nivel de violencia a lo que se vincula las más de 25 mil denuncias por amenazas y porque más del 80 % de los involucrados tienen menos de 35 años.
Informes oficiales indican que la tasa de homicidios mantiene una tendencia a la baja desde el 2020 cuando se ubicó en 9.2 por cada 100,000 habitantes, al 2025, cuando alcanzó 8.15 homicidios por cada cien mil habitantes, pero el promedio de muertes violentas por conflictos personales aumenta de manera sostenida.
Llama la atención que los mayores volúmenes de episodios de violencia acontecen en el Distrito Nacional, provincias Santo Domingo y Santiago, las demarcaciones urbanas con mayor densidad poblacional, con un promedio mensual de 19,731 incidentes.
La disminución de los homicidios por atracos, asaltos o de crímenes por encargo se atribuye al resultado de las gestiones de modernización de la Policía y al trabajo coordinado de la Fuerza de Tarea Conjunta, estrategia que no tiene incidencia en la disminución de las muertes violentas por conflictos sociales.
Otros países del continente presentan mayores índices de homicidios por cada cien mil habitantes, como Ecuador (38.8), Colombia (25.4), Honduras (25.3), Brasil (21.3) 7 Costa Rica (16.6), pero falta saber si esas sociedades son tan violentas como la dominicana donde el 58.9 % de todos los decesos violentos tienen su origen en conflictos interpersonales.
Entre los remedios sugeridos para afrontar esa espiral de violencia ciudadana, se mencionan la habilitación de mecanismos de resolución de conflictos en comunidades y barrios, oportuna aplicación de la ley a través de juzgados de paz y fiscalías barriales, protección efectiva contra la violencia intrafamiliar y de género, y la intensa promoción de un lenguaje de diálogo y consenso.
