Los tediosos y constantes apagones y la subida exorbitante de las tarifas eléctricas irritan a la población; la situación se torna preocupante y desesperante, porque se crea una crisis social y económica que sumerge al país en el atraso y el subdesarrollo.
El déficit de energía eléctrica frena el crecimiento de la economía, influye en la disminución de las actividades productivas e impacta de forma negativa en las condiciones de vida de la gente.
Resulta contradictorio aumentar el servicio cuando se oferta menos electricidad, puesto que lo correcto es pagar acorde con el consumo, por tal razón, si hay suspensión eléctrica se debe pagar menos.
Sin embargo, hay que reconocer que factores externos como los efectos de la pandemia COVID-19 y de la guerra Rusia-Ucrania, han encarecido los costes de producción energética, alzas del petróleo e incremento de las divisas requeribles para encarar los compromisos económicos relacionados con la electricidad.
A pesar de esas dificultades a causa de la crisis mundial, se precisa con urgencia de la definición de una política energética de Estado eficaz, a fin de afrontar con vigor y responsabilidad las vicisitudes presentadas en el campo eléctrico.
No obstante, el Gobierno Central se enfoca en acciones orientadas a superar la problemática y se establecen tres ejes fundamentales en esa dirección: generación de energía, suplir la demanda nacional y la cobranza.
Pero es imprescindible acompañar esos esfuerzos con alternativas viables en busca de disminuir los apagones, reducir las tarifas, eliminar subsidios, abaratar las tarifas y estabilizar el suministro de electricidad a los consumidores.
También, es un gran reto modernizar el sistema energético, transformar las estructuras obsoletas, lograr la eficiencia en la generación y en la comercialización de las distribuidoras y establecer tarifas en correspondencia con la realidad económica del país.
Otros planes que deben ejecutarse son instalar fuentes de energías modernas, priorizar la producción de electricidad limpia, reemplazar las redes tradicionales y sustitución de los combustibles fósiles en las generadoras eléctricas.
Corresponde al Estado, entonces, garantizar un sistema energético moderno y con la capacidad de generar la electricidad para suplir la demanda de la población, impulsar el crecimiento de la economía y garantizar el bienestar social.
Que se apliquen, pues, programas energéticos efectivos, porque la electricidad es clave para la evolución de la sociedad, el crecimiento de la economía, la paz social y la tranquilidad de las familias dominicanas.
