La democracia dominicana se ha convertido en un sistema donde el voto ciudadano solo sirve para legitimar una estructura de poder que ignora las necesidades más básicas de la clase trabajadora.
El Congreso Nacional es una fábrica de leyes diseñadas para proteger los intereses de una élite política que se blinda contra cualquier intento real de fiscalización o justicia social.
Bajo la apariencia de institucionalidad se esconde la denominada política del garrote la cual asfixia económicamente a los sectores más vulnerables, mientras por otro lado se garantiza la impunidad de quienes saquean el erario público sin consecuencias.
Es doloroso recordar cómo el presidente Luis Abinader Corona utilizaba los escenarios de protesta popular para prometer una transformación ética que en menos de ocho años se ha disuelto con las mismas prácticas gubernamentales de sus antecesores.
Aquellos discursos encendidos en la Plaza de la Bandera contra la corrupción y el robo sistémico del gobierno de Danilo Medina suenan hoy como ecos vacíos de una campaña que solo buscaba heredar las llaves del palacio estatal.
La realidad actual nos muestra a un gobierno que navega cómodamente en el mismo fango que antes criticaba manteniendo intactas las estructuras de privilegio que sumergen en la pobreza a millones de dominicanos.
Los partidos políticos funcionan como corporaciones cerradas que fabrican normativas a su medida para asegurar que sus actos anormales nunca sean castigados por una justicia que navega bajo el control de los políticos y los empresarios.
No existe una verdadera representación popular cuando las leyes se redactan en despachos privados para sepultar las aspiraciones de progreso de la gente común en beneficio de una minoría que se siente intocable.
La desconexión entre la retórica del cambio y la ejecución gubernamental ha generado un sentimiento de traición en una población que esperaba ver el fin de la era de la podredumbre administrativa.
Si la política sigue siendo una herramienta para el enriquecimiento y la protección de los poderosos la democracia no será más que una dictadura disfrazada que terminará por agotar la paciencia del pueblo.
La economía dominicana exhibe cifras macroeconómicas que parecen alentadoras en los informes oficiales, pero que no logran traducirse en un alivio real para el presupuesto de las familias más necesitadas.
El alto costo de la canasta básica y el estancamiento de los salarios reales profundizan una brecha social donde el crecimiento solo beneficia a quienes ya ostentan el capital financiero.
En el ámbito de la justicia el sistema sigue operando como una red selectiva que atrapa a los pequeños infractores y con ímpetu permite que los grandes responsables del saqueo público sigan en libertad.
La impunidad estructural es el veneno que corre por las venas de nuestras instituciones permitiendo que actos anormales queden sin castigo por falta de voluntad política para depurar los estamentos judiciales.
Respecto a la educación la millonaria inversión del 4% del producto interno bruto (PIB) no ha logrado revertir los mediocres resultados en los niveles de aprendizaje y calidad docente.
El sistema educativo dominicano sigue siendo una maquinaria de exclusión que reproduce la pobreza en lugar de ofrecer las herramientas necesarias para que la juventud logre una verdadera movilidad social.
Los tres pilares de una sociedad sana que son la estabilidad económica, la justicia igualitaria y la educación de excelencia han sido descuidados por un gobierno que prioriza la propaganda.
Mientras la clase media se asfixia bajo la presión fiscal los responsables de la crisis anterior y actual navegan en un mar de proteccionismo legal que despoja al pueblo de su derecho.
Es imposible hablar de progreso cuando el derecho al futuro se ve hipotecado por una deuda pública creciente y una corrupción que se recicla bajo nuevos rostros y discursos frescos.
Sin una reforma profunda que ataque la impunidad en cada rincón del Estado dominicano los pilares del bienestar seguirán siendo promesas de campaña olvidadas en el charco de la política tradicional.
