Rescatar, conservar y preservar los recursos naturales constituye un compromiso patriótico y una tarea impostergable. Los bosques, ríos, montañas, parques nacionales y demás ecosistemas no son bienes ilimitados: representan un patrimonio común cuya protección resulta esencial para la seguridad alimentaria, la salud ambiental y el bienestar de la población.
En esa dirección, el Gobierno dominicano ha definido un plan para enfrentar con mayor firmeza a quienes depredan los recursos naturales y destruyen áreas protegidas. Se trata de una iniciativa oportuna que requiere, sin embargo, una ejecución rigurosa, permanente y eficaz. La defensa de la naturaleza no admite improvisaciones ni puede quedar sometida a la indiferencia o a la falta de consecuencias frente a quienes atentan contra ella.
El presidente de la República, Luis Abinader Corona, ha sido categórico al referirse a quienes destruyen las reservas naturales y ha anunciado acciones contundentes, sustentadas en el nuevo Código Penal, para sancionar a quienes devastan los parques nacionales mediante incendios provocados, deforestación y otras prácticas criminales.
Con ese propósito fue emitido el Decreto 615-26, mediante el cual se establecen mecanismos orientados a la conservación y preservación de los recursos naturales. La disposición contempla, además, severas consecuencias penales para quienes incurran en acciones que socaven los ecosistemas.
La protección del patrimonio natural constituye hoy una urgencia nacional. El deterioro ambiental amenaza fuentes de agua, suelos productivos, biodiversidad y otros recursos indispensables para el desarrollo. Por ello, toda política pública dirigida a detener la degradación de los ecosistemas merece el respaldo de una sociedad consciente de que proteger la naturaleza es proteger su propio futuro.
De los recursos naturales provienen las aguas destinadas al consumo humano, la irrigación de los campos y la generación de energía; los suelos que hacen posible la producción de alimentos y una extraordinaria diversidad biológica que sostiene el equilibrio de los ecosistemas. Destruirlos significa comprometer condiciones esenciales para la vida.
Frente a esta realidad, el país necesita combinar firmeza institucional con educación ambiental. Es imprescindible concienciar a la población mediante programas permanentes de orientación, fortalecer las instituciones responsables de la protección ambiental, aplicar rigurosamente las leyes y recuperar mediante reforestación las áreas afectadas por la tala, los incendios y la contaminación.
La defensa de la naturaleza no puede ser responsabilidad exclusiva del Gobierno. Es un deber de todos y un compromiso con las presentes y futuras generaciones. Aprovechar los recursos naturales para impulsar el desarrollo no significa depredarlos ni poner en riesgo su capacidad de regeneración.
Combatir el crimen ecológico es, en definitiva, defender la vida. Proteger nuestros bosques, ríos, montañas y parques nacionales significa preservar el patrimonio natural de la República Dominicana y garantizar que las generaciones que nos sucedan puedan recibir un país ambientalmente saludable, con recursos suficientes para vivir y desarrollarse dignamente.
