OPINIÓN: Cuando hacer lo correcto puede costar el puesto

Juan Temístocles Montás

El discurso de despedida del mayor general retirado Andrés Modesto Cruz Cruz, quien permaneció apenas seis meses (del 17 de febrero a agosto de 2026) al frente de la Policía Nacional, no debe interpretarse como simple “adiós” protocolar sino como un diagnóstico involuntario de la profunda crisis moral que atraviesa la institución. Al insistir en la integridad ética y la firmeza moral y exhortar a los agentes a “luchar por lo correcto”, Cruz Cruz dejó entredicho que en en esa institución, hacer lo correcto parece ser la excepción y no la regla.

Su mensaje adquiere una dimensión política e institucional que trasciende una exhortación ética. Hay tres razones que así lo explican: permaneció apenas seis meses en el cargo; fue sustituido sin que el Gobierno ofreciera una explicación pública convincente, y decidió dedicar su despedida precisamente a defender la integridad como el valor esencial del ejercicio policial. Cruz Cruz pidió a los agentes preservar sus principios éticos y morales y no dejar de “luchar por lo correcto, aunque les cueste el puesto”.

Para un buen entendedor, cuando la máxima autoridad de un cuerpo encargado de hacer cumplir la ley considera que su mensaje final debe ser “sean íntegros, luchen por lo correcto”, está dejando sugerido que la integridad todavía no forma parte de la cultura institucional. La ética se invoca como virtud individual precisamente porque aún no se ha convertido en una práctica colectiva.

El discurso revela que el problema de la Policía Nacional no es únicamente operativo, sino también institucional y moral. Cuando quien acaba de dirigir la institución advierte a sus subordinados que actuar correctamente puede costarles el puesto, surge inevitablemente una pregunta: ¿Qué encontró durante esos seis meses para considerar necesaria una advertencia de esa naturaleza? No corresponde afirmar, sin pruebas, que Cruz Cruz fue removido por enfrentarse a intereses internos. Él nunca lo dijo. Pero precisamente por eso el Gobierno tiene el deber de explicar las razones de una sustitución tan prematura.

Lamentable resultan las declaraciones de la directora general de Ética e Integridad Gubernamental, Milagros Ortiz, en el sentido de que Cruz Cruz «dijo lo que pensaba» y que sus palabras se amparan en el derecho constitucional a la libertad de expresión. Pero eso no es la cuestión. Milagros Ortiz no habló simplemente como una ciudadana que comenta las palabras de un exdirector policial: habló siendo la directora general de Ética

e Integridad Gubernamental. Esa responsabilidad cambia lo que razonablemente cabría esperar de su reacción.

Lo dicho por Cruz Cruz debió llevar a Milagros Ortiz a preguntarse: ¿Por qué hacer lo correcto podría costarle el puesto a un policía? ¿Existen dentro de la Policía mecanismos que protegen conductas incorrectas y perjudican a quienes las enfrentan? ¿Encontró el director saliente situaciones de corrupción, cobros irregulares, protección o complicidades durante sus seis meses al frente de la institución?

El discurso de Cruz Cruz coloca en el centro del debate la diferencia entre la institucionalidad formal y la institucionalidad informal. Se puede aprobar una nueva ley, establecer protocolos, adquirir cámaras corporales, mejorar salarios, etc. Pero si dentro de la organización continúa predominando una cultura que tolera prácticas indebidas, protege a determinados funcionarios, mantiene redes informales de poder y hace sentir al policía íntegro que actuar con honestidad puede perjudicar su carrera, la institucionalidad informal se impone sobre la institucionalidad formal.

En ese contexto resultan reveladoras las declaraciones de Alfredo Pacheco, quien reconoció que todavía existen agentes que mantienen la vieja práctica de cobrar “peaje” y otras conductas irregulares, aunque estimó que representan alrededor del 10 % del cuerpo policial. Más allá de cuál sea el porcentaje real, ese reconocimiento confirma que el problema ético y cultural sigue siendo uno de los principales desafíos de la institución.

La gran lección de este episodio es que la reforma policial no fracasará por falta de leyes, reglamentos, equipos o cambios de mandos. Fracasará si no enfrenta la institucionalidad informal: esa que se transmite mediante la cultura organizacional, las prácticas arraigadas y los incentivos que premian o castigan determinadas conductas.

Cuando un jefe de la Policía abandona el cargo después de apenas seis meses exhortando a sus hombres a luchar por lo correcto, aunque ello pueda costarles el puesto, el país tiene derecho a preguntarse qué está ocurriendo dentro de la Policía Nacional para que cumplir con el deber represente semejante riesgo.