Representantes de la Defensoría Pública denunciaron las “alarmantes condiciones” en las que se encuentra el Centro Máximo Antonio Álvarez, en La Vega, donde al menos 38 adolescentes se encuentran privados de libertad tras entrar en conflicto con la ley.
Afirmaron que la edificación, construida en 1942, presenta filtraciones, baños destruidos, aguas negras, falta de medicamentos y escasas oportunidades educativas, condiciones que, según sostienen, vulneran los derechos fundamentales de los adolescentes.
“Este es un centro que yo todo el tiempo he catalogado como un centro que violenta derechos fundamentales de los menores de edad, donde tiene que haber una supervisión reforzada y, sobre todo, un resguardo de derechos reforzado en base a lo que establece la Constitución en el artículo 56, que impone al Estado la obligación de resguardar los derechos de los menores de edad”, expresó Elizabeth Rodríguez, coordinadora de la Defensa Pública de La Vega y de la Comisión de Cárceles de esa institución.
Rodríguez explicó que desde 2007, cuando fue creada la Comisión de Cárceles, la Defensa Pública comenzó a elaborar informes penitenciarios anuales en los que, año tras año, ha denunciado la necesidad del cierre definitivo del reciento.
“O sea, no hay ningún tipo de condición que vaya acorde con lo que establece nuestra Constitución en resguardo a lo que es la dignidad humana”, sostuvo.
Asimismo, cuestionó que las condiciones actuales permitan cumplir con el propósito de las sanciones impuestas a los adolescentes en conflicto con la ley, cuya finalidad, de acuerdo con lo expresado por Rodríguez, debe ser la reinserción social.
“En esas condiciones, es imposible que un adolescente salga realmente regenerado a la calle”, afirmó.
Elizabeth Rodríguez, coordinadora de la Defensa Pública de La Vega
Adolescentes duermen en piletas de cemento
Rodríguez también describió las condiciones en las que permanecen los aproximadamente 38 adolescentes recluidos en el centro.
Explicó que están distribuidos en dos celdas o áreas, donde existen estructuras tipo piletas utilizadas para dormir y que, cuando un adolescente no dispone de colchón, debe hacerlo directamente sobre el cemento.
“Entonces están a una distancia de menos de un metro, o sea, están concomitantemente y están todos juntos. Incluso el baño, que son piletas, o sea, no hay inodoros, es una contaminación porque ellos duermen con ese maledor”, manifestó.
DINAIA reconoce deterioro
De su lado, Carlo Guerrero Hernández, director de la Dirección Nacional de Atención Integral para la Persona Adolescente en Conflicto con la Ley Penal (DINAIA), reconoció las dificultades que presenta el centro y explicó que se han realizado acciones para intentar atender la situación.
“Nosotros, por mandato de la Ley 136-03, nuestro artículo 359, somos el órgano que conjuntamente con el Consejo Nacional de la Niñez, CONANI, estamos llamados a elaborar todas las políticas y programas de atención integral para los adolescentes en conflicto con la ley”, explicó.
Carlo Guerrero Hernández, director de la Dirección Nacional de Atención Integral para la Persona Adolescente en Conflicto con la Ley Penal (DINAIA)
Guerrero Hernández indicó que han ejecutado acciones paliativas para tratar de resolver parte de los problemas, pero señaló que la ubicación del centro genera dificultades con el sistema de drenaje sanitario.
“Hemos trabajado con el Ayuntamiento de La Vega, hemos trabajado con la parte de Coravega para que nos ayude en esto y esa dificultad tenemos. Y hemos buscado soluciones alternas”, afirmó.
El funcionario calificó como “bastante preocupante” la situación sanitaria y sostuvo que se trata de un problema que debe ser solucionado, ya sea de manera paliativa o definitiva.
“Es un centro que necesita removerse por completo, ni siquiera una remodelación. Ciertamente, las condiciones estructurales del centro están un poco deterioradas”, concluyó.
Las declaraciones de ambos funcionarios fueron ofrecidas durante el programa televisivo El Informe, que conduce la periodista Alicia Ortega.
