Redacción América.- El tema de los presos políticos en Venezuela ha quedado relegado —al menos en las declaraciones públicas— en el nuevo capítulo que parecen haber abierto Caracas y Washington, una relación ahora marcada por el interés del presidente estadounidense, Donald Trump, en el petróleo del país suramericano.
Trump prioriza el petróleo y la transición política sobre la liberación de detenidos.
Después de los ataques a Venezuela y la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, Trump afirmó que los presos políticos están en segundo plano.
“No hemos llegado a eso. Ahora mismo lo que queremos es arreglar el petróleo, arreglar el país, traerlo de vuelta y tener elecciones”, dijo el republicano el lunes.
El mandatario aseguró este martes que el Gobierno venezolano, ahora dirigido por la presidenta encargada Delcy Rodríguez, está dispuesto a entregar entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo para su venta en el mercado estadounidense, y que él controlará el dinero de la operación para garantizar —según afirmó— que se utilice en beneficio del pueblo venezolano y de Estados Unidos.
Más temprano, durante un discurso ante congresistas republicanos en el Centro Kennedy, en Washington, el jefe de la Casa Blanca calificó a Maduro como un hombre violento, y aseguró que “torturaba” personas.
“Tienen una cámara de tortura en el centro de Caracas que ahora está siendo clausurada, pero ha torturado a gente”, declaró Trump, sin ofrecer mayores detalles.
Centro de torturas
Sin embargo, este martes no se reportaron excarcelaciones en Venezuela. Aunque Trump no lo mencionó expresamente, algunas ONG venezolanas interpretaron que se refería a El Helicoide, sede en Caracas del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), señalada en reiteradas ocasiones como centro de torturas.
La ONG Justicia, Encuentro y Perdón exhortó al Gobierno venezolano a la liberación de todos los detenidos, “de confirmarse el cierre de este centro”.
Por su parte, la organización Foro Penal, que lleva la defensa de presos políticos, contabiliza 863 detenidos, de los cuales 86 tienen otra nacionalidad.
Durante las festividades de Navidad y Año Nuevo, las autoridades venezolanas anunciaron la excarcelación con medidas cautelares de 99 y 88 presos políticos, respectivamente, aunque las ONG locales no han podido verificar todos los casos.
Comisión de hechos punibles graves
Hasta ahora, el Ejecutivo de Maduro ha sostenido que el país está “libre de presos políticos”, y que los señalados como tales están encarcelados por la “comisión de hechos punibles graves”.
La Corte Penal Internacional (CPI) abrió en 2018 una investigación contra Venezuela por presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos desde 2017.
Aunque el Gobierno venezolano intentó frenar el proceso alegando investigaciones internas, la Corte rechazó esa postura en 2023 y autorizó la reanudación de las pesquisas.
