El director general de la Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales (DGSPC), Roberto Hernández Basilio, reveló que el Ministerio de Defensa, la Procuraduría General de la República (PGR) y el Instituto Nacional de las Telecomunicaciones (Indotel) hacen las coordinaciones de lugar para evitar que desde las cárceles se cometan actos delictivos a través de teléfonos celulares, sin embargo, no ha sido posible.
“Hay una resolución que ordena la eliminación de los teléfonos procedentes de centros penitenciarios, para luego proceder al bloqueo; se estudia la forma de hacerlo, pero por el momento no ha sido posible, debido a que los centros están dentro de las comunidades y el bloqueo afectaría a sus residentes”, explicó Hernández Basilio en una nota de prensa.
Al referirse al hacinamiento, el funcionario del sistema penitenciario nacional manifestó: “que ve una luz al final del túnel, por la disposición del Gobierno de traspasar al Ministerio de la Vivienda y Edificaciones (Mived), las construcciones de nuevas infraestructuras y adecuar otras, citando las construcciones de Pedro Corto, en Barahona; el centro de San Juan de la Maguana, así como la ampliación del centro de Elías Piña y la adecuación de Las Parras, del municipio San Antonio de Guerra, de la provincia Santo Domingo.
Roberto Hernández Basilio indicó que la administración penitenciaria es compleja porque existen tres modalidades en ella, ya que hay centros ubicados dentro de fortalezas,19 están pendientes de reforma, y 7 de estos están bajo el control de la Policía y 11 del Ejército de República Dominicana.
“La gestión penitenciaria no se circunscribe a las paredes pintadas de blanco, sino que es estructura, procesos y personas; es que hasta en los centros del nuevo modelo deben aplicarse las mejoras”, expresó.
El director general de la DGSPC destacó que el Plan Plurianual, elaborado con la asesoría de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Aecid), prioriza los temas como la salud, para evitar que personas con enfermedades terminales o psiquiátricas estén en prisión.
Agregó que desde el sistema penitenciario se trabaja para devolverle la dignidad a quienes guardan prisión, con mejoras aplicadas en las áreas de salud, alimentación, educación e infraestructuras, al destacar que la prisión es un tema de la política criminal del Estado.
En ese sentido, resaltó que, con las mejoras aplicadas, se busca lograr una adecuada rehabilitación de los privados de libertad y su positiva reinserción a la familia y a la sociedad, con capacidad para incorporarse al trabajo digno.
Dijo que con ello buscan reducir los niveles de reincidencia en la actividad delictiva una vez los privados de libertad se hayan reinsertado a la sociedad.
El titular de la DGSPC sostuvo que es una obligación la aplicación correcta de los conceptos de reinserción social, porque, una gran parte de los privados de libertad, ni siquiera tuvo acceso a la identidad.
