La subida exorbitante en las tarifas eléctricas y los apagones irritan a la población porque encarece el servicio en medio de un déficit del suministro de electricidad y acentúa la inflación devoradora de los ingresos económicos de las familias dominicanas.
Resulta preocupante la disposición oficial que establece un aumento de un nueve por ciento a la factura familiar y un 7.6 % al coste al comercio, en la medida que deteriora las condiciones de vida e impacta negativamente en la producción, la economía y en los negocios.
El Gobierno ha decidido eliminar subsidios, disminuir costos, mermar pérdidas y frenar gastos innecesarios; eso es correcto para impregnarle eficiencia al sistema energético, pero es injusto aplicar esas medidas a expensa del menoscabo de la existencia humana.
No hay formas de justificar el incremento de las cotizaciones a un servicio deficitario, pues, es inexplicable e inaceptable pagar más cuando se recibe menos luz; se trata de una decisión ilógica.
Sumar una especie de impuesto adicional a los tantos gravámenes que pagan los ciudadanos, es asestarle otro atropello más, debido a que intensifica el desplome del poder adquisitivo y como consecuencia de esto la vida se desgasta.
Deben explorarse otras alternativas como elevar la cobranza, restaurar las redes obsoletas para reducir las pérdidas de electricidad, erradicar las conexiones ilegales, desmontar los subsidios a grupos económicos poderosos, definir una política de Estado eficaz en materia eléctrica e instalar plantas para sustituir el consumo de los combustibles fósiles, es decir, abaratar los costes de producción y generación de energía eléctrica.
Si las autoridades actúan en esa dirección pueden contribuir con ahorro de recursos económicos, mejorar la generación de electricidad, aumentar las recaudaciones, responder de manera satisfactoria a la demanda de energía, estabilizar el sistema y asegurar la paz social, porque no habrá necesidad de atormentar a la gente con las alzas odiosas y molestosas de las tarifas eléctricas.
También, la ciudadanía debe cooperar y evitar el derroche de electricidad en los hogares, el comercio, las industrias e instituciones públicas y privadas, ya que es un compromiso de todos colaborar, en procura de contribuir con la solución de la crisis eléctrica.
Corresponde al Estado, por consiguiente, proporcionar electricidad acorde con las necesidades de los dominicanos y en base a la realidad socioeconómica; ese es el deber de los gobernantes.
Mientras tanto, es contraproducente continuar perjudicando a la población, en especial a los sectores vulnerables, puesto que no resisten más cargas impositivas.
