“Cuando la política edifica cárceles en lugar de sembrar oportunidades, los pueblos quedan encadenados al estancamiento mientras ven morir su propio porvenir”.
La construcción de un centro penitenciario es la salida más fácil para un gobierno y funcionarios que carecen de planes de desarrollo a largo plazo, ya que una obra de esta magnitud se financia completamente con presupuesto estatal centralizado y permite a las autoridades locales inaugurar una infraestructura sin haber tenido que diseñar políticas públicas complejas, negociar con multinacionales o estructurar verdaderos proyectos ambientales.
Mientras el gobierno central resuelve su problema de hacinamiento carcelario nacional a costa del suelo de Bonao, y las autoridades locales lo acepten a cambio de unas pocas vacantes administrativas, la provincia Monseñor Nouel seguirá perdiendo la oportunidad de oro de transformarse en el verdadero pulmón ecoturístico e hidroeléctrico del Cibao central.
La imposición de este proyecto evidencia una miopía gubernamental que prefiere levantar muros de contención social antes que puentes de progreso económico, sepultando la vocación productiva de una provincia que históricamente aportó millones al fisco y que hoy recibe como compensación estatal una estructura que en nada responde a sus urgencias de empleo y crecimiento.
El modelo de desarrollo basado en la construcción de recintos carcelarios como motor económico representa una visión totalmente obsoleta y caduca en pleno siglo XXI, pues ninguna sociedad moderna ha logrado alcanzar la prosperidad ni la paz social mediante la industrialización del sistema penitenciario dentro de zonas con alto potencial productivo.
Esta obra nace muerta como estrategia de reactivación económica porque los empleos prometidos son temporales en su fase de construcción y su marginal etapa operativa, lo que demuestra que las autoridades insisten en aplicar recetas del pasado que solo perpetúan la dependencia del presupuesto público en lugar de fomentar la innovación y el emprendimiento.
Destinar terrenos estratégicos de la provincia Monseñor Nouel para albergar delincuentes de diversas latitudes es un error histórico que condena al municipio al atraso, especialmente cuando el mundo avanza hacia economías del conocimiento y la sostenibilidad mientras nuestros representantes locales celebran la llegada de reclusos como si fuera un logro de su deficiente gestión.
Nuestra provincia ostenta el honroso sitial de ser la quinta demarcación ecoturística del país y posee recursos naturales vírgenes de incalculable valor, un activo que bien gestionado con inversión estatal y privada podría generar miles de empleos sostenibles mediante el desarrollo de corredores ecológicos, hostelería de montaña y rutas de aventura.
La riqueza hídrica de Bonao, Piedra Blanca y Maimón es otra ventaja competitiva inigualable donde nacen los principales ríos que abastecen de agua una gran parte del país, lo que abre las puertas para la construcción masiva de microcentrales hidroeléctricas comunitarias que podría abaratar los costos energéticos de las industrias locales y posicionar la provincia como un referente de energía limpia, sostenible y barata.
Es incomprensible cómo las zonas francas de Dos Ríos y Caracol permanecen en un abandono total con naves vacías que antes sostenían a miles de familias, mientras el gobierno y los legisladores se muestran incapaces de estructurar una oferta agresiva de incentivos fiscales que atraiga de nuevo a manufactureras internacionales o empresas tecnológicas.
La instalación de este centro carcelario generará un inminente efecto que transformará la dinámica social de Bonao, atrayendo el asentamiento de redes delictivas y familiares de internos de alta peligrosidad que inevitablemente aumentarán los índices de inseguridad ciudadana y delincuencia residual una vez los reclusos cumplan sus condenas.
Este socavón delincuencial herirá de muerte la marca territorial de la provincia afectando directamente las inversiones turísticas y comerciales, dado que ninguna empresa nacional o extranjera deseará establecer sus operaciones en una ciudad que el imaginario colectivo comenzará a asociar con el principal centro de reclusión del Cibao.
El empresariado local exhibe una alarmante falta de inteligencia financiera e iniciativa propia al actuar como cómplice pasivo de estas malas acciones gubernamentales, prefiriendo el beneficio cómodo de los contratos estatales antes que arriesgar capital en inversiones sostenibles que rescaten los parques industriales y devuelvan la dignidad laboral a la juventud de la provincia.
“El verdadero progreso de un pueblo no se mide por el tamaño de sus prisiones, se mide por la grandeza de las empresas, las industrias, las escuelas y sus recursos naturales”.
