Nuestro país como gran parte de las naciones de la América Latina, se caracteriza, entre otras condiciones, por la gran desigualdad social y por la inequidad que castiga a los segmentos más empobrecidos de la estratificación social.
Esa inequidad se traduce no solo en pobreza para los menos afortunados, sino en debilidad institucional y organizacional de las entidades públicas y privadas, que desenvuelven su trabajo en el mundo de los pobres.
Esa percepción se formula con motivo de los accidentes relacionados con la muerte de un niño bajo el cuidado de un centro de CAIPI que regentea el INAIPI en San Francisco de Macorís y la caída de una niña albergada en un Centro de CONANI que se mantiene grave en un centro médico.
Ambos hechos que han provocado la reacción de sectores de la comunidad nacional ponen en evidencia los problemas de inseguridad y de la debilidad institucional, señalándose como expresión de esa debilidad institucional y organizacional, la inobservancia de los protocolos establecidos para el buen cuidado de los niños que son albergados en esos centros especializados.
Esa inobservancia de los protocolos metodológicos tiene que ver con la injerencia de los partidos políticos, los cuales han fortalecido el clientelismo dentro del Estado, legitimando la perversa idea de que el motivo de hacer política es la de aspirar a un cargo público para tener la oportunidad de “hacerse”, aprovechando los recursos públicos con fines privados y personales.
Por esa razón la empleomanía soslaya e irrespeta las delicadas funciones de las instituciones públicas, así como los requisitos de preparación que deben reunir quienes aspiran a una función pública.
Por esa visión del oportunista partidario, las instituciones públicas, sobre todo aquellas que sirven a las grandes poblaciones populares, son llenadas de un personal sin la debida formación y preparación, el cual hace prevalecer la cultura de la informalidad irreverente frente a los protocolos, desempeñándose con torpeza e incapacidad.
Cuando se habla de la fragilidad institucional, se debe asociar la misma a la debilidad organizacional, por la falta de una empleomanía no debidamente entrenada en organización y método, sobre todo en un contexto de modernización de las organizaciones, mediante la adopción de plataformas tecnológicas.
El caso de los niños accidentados en CONANI y en el CAIPI, no solo debe quedarse en lamentos y reflexión, sino que debe dar paso a la decisión de transformar la Administración Pública, fortaleciendo la burocracia y preparando a la empleomanía para un desempeño más efectivo y cuidadoso, para lo cual hay que erradicar el oportunismo y la perversa creencia de que hacer política es aspirar a una oportunidad en el tren de gobierno.
¡Organización y profesionalidad es el camino para la institucionalidad!