Uno de los problemas que ha confrontado el desarrollo institucional del Estado dominicano nominalmente definido en la Constitución y las leyes, ha sido la vigencia histórica del modelo de dominación personal que se materializa a través de la jefatura caudillista, esquema que ha castrado las posibilidades democráticas por su naturaleza autoritaria y oligárquica.
Esa situación ha hecho que la gestión y los recursos públicos se manejen como si fueran propiedad de los que ejercen el poder y para ello violan la Constitución y las leyes, para favorecer la corrupción institucionalizada, así como la impunidad, y para lo cual también se apropian de todos los poderes del Estado, los cuales responden a los intereses personales y particulares de los que gobiernan.
Esa cultura tradicional dominicana no ha permitido que el Estado se rija de acuerdo a los principios democráticos de la separación y alternancia de los poderes, por lo cual no se ha podido desarrollar un real estado de derecho, fundamentado en la Ley y la voluntad soberana del pueblo. La democracia dominicana, como lo dijeran Juan Isidro Jiménez Grullón y Juan Bosch, ha sido una “ficción”.
Esa constante, pese a los gobiernos liberales que en minoría han gobernado solo por 12 años de los 54 que van después del 1966, podría modificarse y superarse con el gobierno que se apresta a encabezar el presidente electo Luis Abinader, de acuerdo a lo que reiterara en una entrevista concedida al director del diario El Día.
En dicha entrevista el presidente electo enfatiza sus prioridades que se centrarán en poner en marcha un plan para enfrentar la pandemia del coronavirus, fortaleciendo el sistema sanitario que recibirá una fuerte inversión para elevar su capacidad de respuesta. Para ello reiteró su disposición de encabezar una amplia concertación con el liderazgo nacional.
En el orden económico, también se prepara para que a través del gabinete económico, turístico y de inversión, se asegure que no haya pérdida de empleos por efecto de la pandemia y que por el contrario se generen nuevas fuentes de trabajo, hasta cumplir su promesa de generar unos 6 mil nuevos empleos, con el concurso de una alianza público-privada.
En el plano institucional, reiteró su decisión de propiciar una Justicia independiente, comenzando con la designación de una Procuraduría no comprometida con los partidos y por igual una Cámara de Cuentas que audite con independencia a los diferentes órganos del Estado, incluyendo las acciones del propio Presidente, quien si comete acciones indebidas deberá responder ante la Justicia. En ese aspecto dijo: “En mi Gobierno no habrá retaliación, pero tampoco borrón”.
Finalmente, manifestó que aspira a ser un “reformador” del Estado para que éste opere apegado al marco jurídico institucional, al tiempo de promover el crecimiento de la economía y con ello el desarrollo económico y social con justicia y equidad, concluyendo con su aspiración de que a su salida del poder, sea recordado como el “reformador del Estado” y respetado por la población.
De ser así, la nación dominicana debe prepararse para transitar el camino de un estado institucionalmente organizado, de modo que sirva de sustento de la democracia y al mismo tiempo del desarrollo dominicano.
¡Qué así sea!
