Por los 92 millones de dólares Odebrecht llegó a un acuerdo a través del cual se comprometía a identificar a los beneficiarios y resarcir al Estado con 184 millones. No cumplió con una cosa ni la otra. Para colmo, el exprocurador, que tanto se ufanó de la investigación, no encontró los casi 10 millones de dólares que de manera ilícita aportó firma para las elecciones congresuales y municipales de 2006, y muchos menos los casi 40 que según un consorcio de periodistas hizo la multinacional para la construcción de las plantas a carbón de Punta Catalina. Ni siquiera los seudónimos con que se identifica a los beneficiados ha despertado mayor interés en nuestras autoridades judiciales. La comedia colapsó en los tribunales por falta de pruebas, pero los dominicanos sí tienen que pagar ese 20 % con que Odebrecht admitió que sobrevaloró las obras.
El juicio que se ha iniciado en Panamá no es más, por sus implicaciones, que otro espejo para que República Dominicana se mire sus partes pudendas sobre un escándalo que no solo la sitúa como paraíso de la impunidad, sino que gravita en el costo de una onerosa deuda que engulle recursos que pudieran destinarse para la educación, la salud, seguridad y obras de infraestructura.
