El ejercicio del periodismo auténtico representa hoy la última trinchera de una sociedad que se niega a ser domesticada por el silencio, pues la palabra sin ambages es el único antídoto contra la mediocridad de una clase política que prefiere el elogio pagado a la crítica constructiva, resultando imperativo que la verdad no se disfrace de cortesía cuando el bienestar colectivo está siendo subastado por intereses particulares que temen al escrutinio constante del pueblo dominicano que despierta ante los abusos sistemáticos de un poder que se cree intocable detrás de sus escritorios palaciegos.
La mediocridad política en la República Dominicana ha mutado en una estructura de poder que se siente amenazada por cualquier voz que escape de su control hegemónico, manifestándose esta inseguridad en la creación de leyes diseñadas para proteger la imagen de ministros y funcionarios cuya gestión no resiste un análisis ético profundo, mientras el debate público se empobrece ante la mirada cómplice de instituciones que deberían ser las garantes de la pluralidad y el derecho a disentir libremente en un estado que se jacta de ser democrático pero que actúa con la rigidez de las sombras y el desenfreno mediático.
Es asombroso observar cómo la saña del gobierno se despliega con una eficiencia quirúrgica contra aquellos opinadores de redes sociales que han logrado conectar con el sentimiento de indignación popular, utilizando el aparato estatal no para resolver los males estructurales que padece la nación, sino para perseguir con recursos públicos a quienes se atreven a señalar las inconsistencias de un discurso oficial que se cae a pedazos ante la cruda realidad cotidiana de una población que exige justicia real y no simple teatro mediático para ocultar el desfalco de los recursos que pertenecen a todos los dominicanos.
¿Cuál ha sido la respuesta del Colegio Dominicano de Periodistas (CDP), del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) y de otros Movimientos Periodísticos, que como los políticos, sólo sacan la cara en tiempo de elecciones?, sin dudas que ninguna, mientras periodistas, comunicadores y opinadores son maltratados por la inquina estatal de la corrupción, a través de una Ley Mordaza que corrompe el derecho a expresarse libremente. Es preciso preguntarse: ¿Por qué callar la verdad si la única arma que tienes para defenderte es la lengua?
Este atentado a las libertades públicas se fundamenta en la cuestionada Ley 74-25 que constituye el nuevo Código Penal dominicano, donde se han insertado parámetros represivos que buscan reinstaurar el miedo como mecanismo de control social en pleno siglo 21, logrando que el derecho constitucional a la libre expresión se convierta en un riesgo jurídico para todo aquel que no se someta a las directrices del gobierno de Luis Abinader, lo cual marca un retroceso peligroso hacia épocas autoritarias que se creían superadas por la madurez de una sociedad que hoy ve sus derechos vulnerados.
El parámetro central de esta normativa reside en la reintroducción de la prisión por delitos de palabra mediante el artículo 208, eliminando la distinción que el Tribunal Constitucional había establecido previamente para proteger el debate sobre funcionarios públicos, pues ahora cualquier ciudadano que denuncie irregularidades se enfrenta a penas de 2 hasta 5 años de cárcel, lo que constituye un retroceso normativo que prioriza el honor privado de la casta política por encima del derecho colectivo a la información veraz, ética, objetiva y la fiscalización constante de los actos emanados de la administración pública dominicana.
La puesta en marcha de estas sanciones también utiliza como brazo ejecutor la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, una herramienta que originalmente fue concebida para perseguir hackeos y fraudes financieros, pero que hoy, por la apetencia y el oportunismo político, es distorsionada para encarcelar a comunicadores digitales, otorgando así al Ministerio Público una capacidad de persecución selectiva que puede ser activada a discreción para silenciar voces incómodas antes de que sus mensajes logren la viralidad necesaria para generar cambios sociales profundos en el corazón de una nación que ya no tolera la mentira del oficialismo.
El caso de Claudia Pérez, (La Tora), se erige como un símbolo de este endurecimiento judicial tras ser condenada recientemente a un año de prisión en Najayo, una sentencia que para muchos analistas resulta desproporcionada y cargada de una intención ejemplarizante que busca silenciar a través del encierro, evidenciando que el sistema judicial se mueve con una celeridad sospechosa cuando los afectados pertenecen a la cúpula del poder legislativo actual, dejando claro que para los políticos la justicia es rápida y para el ciudadano común el acceso a la misma es un camino tortuoso.
Otro caso de persecución política es el del detective Ángel Martínez, quien enfrenta un asedio legal sin precedentes con múltiples condenas que suman meses de prisión y multas millonarias por haber tocado fibras sensibles de la administración vigente, demostrando que existe una coordinación entre distintos estamentos para asfixiar económicamente y privar de libertad a quienes poseen información que incomoda al sistema, lo que convierte la justicia en una extensión del brazo político encargado de las represalias contra aquellos que deciden no vender su conciencia al mejor postor ni callar ante las evidencias de actos dolosos cometidos.
Estas condenas no son hechos aislados sino que forman parte de un patrón sistemático de persecución que busca desmantelar la credibilidad de los comunicadores independientes ante sus familias y la sociedad entera, pues al presentarlos como delincuentes comunes se intenta anular el peso de sus denuncias sobre corrupción administrativa, logrando que la opinión pública se distraiga con el escándalo personal, mientras los verdaderos culpables de desfalcos siguen disfrutando de su impunidad protegidos por una estructura judicial que parece estar diseñada para perseguir la palabra y no el robo del erario público.
Los fines de la implementación de este marco legal se orientan a la desarticulación de la opinión pública espontánea que florece fuera de los medios tradicionales, pues al criminalizar el comentario en redes sociales bajo el amparo de la Ley 74-25 se busca que el ciudadano común prefiera la indiferencia para no arriesgar su libertad; y por ende, lograr que el silencio se convierta en la norma y la obediencia en la única garantía de seguridad jurídica, a través de un sistema que ha decidido blindarse contra el escrutinio de los gobernados mediante el uso de la fuerza institucional.
Resulta paradójico que en un país donde los grandes casos de corrupción administrativa suelen dilatarse por años en los tribunales sin llegar a sentencias definitivas, las querellas por difamación avancen a la velocidad del rayo, lo cual confirma el descaro de una justicia selectiva que prioriza el honor de los políticos por encima del patrimonio nacional, enviando un mensaje claro de que es más peligroso hablar de un robo que cometerlo, situación que despoja a la democracia de su esencia misma y nos encamina hacia un modelo de pensamiento único vigilado por el gobierno dominicano.
Es urgente que la sociedad civil y los organismos internacionales pongan su mirada sobre este retroceso democrático antes de que la mordaza del descaro termine por asfixiar la voz del pueblo. Una sociedad que permite el encarcelamiento de sus críticos está condenada a repetir las tiranías del pasado bajo el manto hipócrita de una legalidad que solo sirve a los intereses del poder de turno. Unidos en una sola voz debemos denunciar estos parámetros como piezas de un rompecabezas autoritario que busca la perpetuación de una élite mediocre que se niega a rendir cuentas claras.
“El periodismo no es una carrera contra el reloj, es un compromiso con la evidencia. Si el escrutinio sobre el dinero de todos te incomoda, el problema no es la noticia, es tu brújula ética. Señor presidente, por favor, menos excusas, más Moral y Cívica.
