Inicio Opinión OPINIÓN: Un Código Penal con consenso y seguridad jurídica
La inminente entrada en vigencia del nuevo Código Penal, prevista para el próximo 3 de agosto, representa uno de los momentos legislativos más trascendentes de los últimos años. Tras un prolongado proceso de discusión que se extendió por más de una década, el país se encuentra ante la oportunidad de dotarse de una normativa penal más acorde con las realidades contemporáneas. Sin embargo, la intensidad del debate también evidencia que la legitimidad de una ley depende tanto de su contenido como de la confianza que inspire en la sociedad.
Las recientes declaraciones del presidente del Senado, Ricardo de los Santos, al garantizar que las correcciones estarán aprobadas antes de la entrada en vigor del nuevo código, envían una señal de responsabilidad institucional. Del mismo modo, el compromiso expresado por el presidente Luis Abinader de impulsar modificaciones consensuadas refleja el reconocimiento de que aún existen aspectos que requieren perfeccionamiento.
No debe interpretarse este proceso como una improvisación, sino como el ejercicio normal de un sistema democrático donde las leyes pueden y deben enriquecerse mediante el diálogo. Resulta positivo que las observaciones presentadas por distintos sectores sean conocidas por la comisión bicameral y evaluadas con criterios técnicos y jurídicos, alejados de intereses coyunturales o presiones circunstanciales.
Entre los temas que mayor discusión han generado figura el delicado equilibrio entre la libertad de expresión y la protección del honor, la intimidad y la dignidad de las personas. Ninguno de estos derechos puede asumirse como absoluto. La democracia exige garantizar el libre ejercicio del periodismo y de la crítica pública, pero también preservar derechos fundamentales que no pueden quedar indefensos frente a los excesos que, con frecuencia, se producen en las redes sociales y otros espacios de comunicación.
Las advertencias sobre una eventual restricción de las libertades merecen ser escuchadas y debatidas con serenidad. Del mismo modo, corresponde valorar la afirmación del Poder Ejecutivo de que las propuestas buscan precisamente evitar ese riesgo mediante un texto equilibrado. En un Estado de derecho, el mejor antídoto frente a cualquier duda es la transparencia del proceso legislativo y la apertura al escrutinio ciudadano.
La República Dominicana necesita un Código Penal moderno, coherente y estable, pero también ampliamente legitimado por el consenso democrático. La responsabilidad del Congreso consiste en concluir este proceso con la prudencia que demanda una legislación llamada a perdurar. La institucionalidad se fortalece cuando las diferencias se resuelven mediante el diálogo, la técnica jurídica y el respeto a los derechos fundamentales. Ese debe ser el verdadero propósito de la reforma que el país espera.
