Una oleada de mensajes ha sido emitida en las últimas horas por representantes de distintos sectores de la República Dominicana que cuestionan la actuación policial en un incidente el martes en la noche durante el cual fue abatida a balazos una pareja de predicadores, próximo a la ciudad de Villa Altagracia.

Entre los que se han pronunciado figuran el Consejo Nacional de Confraternidades de Pastores Evangélicos (CONACOPE), el Consejo Dominicano de Unidad Evangélica (CODUE),  el pastor Dío Astacio, la Alianza Dominicana Contra la Corrupción (ADOCCO), , la exvicepresidenta de la República, Margarita Cedeño; el obispo de Higuey monseñor Jesús Castro Marte y la Fundación Transparencia y Democracia.

Advierte fracaso del Plan de Seguridad

Los «horripilantes» hechos de violencia, como el asesinato de una pareja cristiana a manos de policías que supuestamente la confundió con delincuentes, no se detendrán a menos que el Gobierno involucre  a toda la población en su plan de seguridad ciudadana y tome en cuenta el aporte social a la paz que se hace desde las iglesias, advirtió el Consejo Nacional de Confraternidades de Pastores Evangélicos (CONACOPE).

«Esta cultura de violencia que da lugar a hechos tan horrorosos (como el asesinato de los jóvenes pastores Joel Díaz y Elisa Muñoz) no será neutralizada a menos que las autoridades que nos gobiernan involucren de manera efectiva a todos los sectores en un cambio de una cultura de violencia por una cultura de paz», expresó el reverendo Adolfo Mateo, presidente de la entidad, en un documento enviado a ALMOMENTO.NET.

Adolfo Mateo

Agregó que “los planes de seguridad ciudadana no pueden limitarse a técnicas y habilidades para manejar las armas, tienen que involucrar un cambio de actitud de los integrantes de los cuerpos civiles y militares que trabajan con el orden y la seguridad individual y colectiva”.

«Las iglesias son claves y juegan un papel esencial en la promoción de los valores que crean las condiciones apropiadas para que, como dice la Escritura, vivamos quieta y reposadamente», destacó.

De otro lado, repudió «el acto criminal» perpetrado contra Díaz y Muñoz, «acribillados» por una patrulla en Villa Altagracia.

Dijo que la conmoción que ha generado este «horrendo, inaceptable e indignante acto criminal, no solo ha llenado de dolor y a pesar a la comunidad evangélica del país, sino que ha consternado a toda la sociedad dominicana».

“Este acto brutal de violencia contra esta joven pareja evangélica ha sido un duro golpe para nuestra comunidad de fe y para toda la sociedad dominicana, por lo que junto a nuestra voz de protesta nos unimos en oración para pedir que el Señor lleve paz y consuelo a los familiares y a las personas más cercanas a estos dos jóvenes que han sido víctimas de esta acción policial tan horrenda, inaceptable e indignante”, subrayó.

Añadió que «esta abominable acción es una muestra de que hemos creado una cultura de violencia, sospecha y miedo que está presente en nuestro diario vivir, pero que solo nos espanta cuando se producen sucesos tan alarmantes y estremecedores como esta masacre salvaje que segó la vida estos dos jóvenes evangélicos”.

El Consejo Dominicano de Unidad Evangélica (CODUE) repudió «la acción» en la que «de manera brutal y despiadada» los agentes le quitaron la vida a la pareja, perteneciente a esa comunidad religiosa, y señaló que los involucrados «deben ser sometidos a la acción de la Justicia».

La Alianza Dominicana Contra la Corrupción (ADOCCO)  dijo que este hecho “corrobora el informe dado a conocer el martes por el Departamento de Estado de los Estados Unidos, sobre abusos policiales” en la República Dominicana.

Julio César de la Rosa Tiburcio, presidente de Adocco.

A juicio del presidente de la entidad Julio César De la Rosa Tiburcio “este hecho junto a la ejecución de un coronel de la Fuerza Aérea de la República Dominicana, el 24 de diciembre del 2020, luego de ser perseguido, constituyen faltas graves del cuerpo policial, como resultado de una gestión ineficiente de su director, por lo que pedimos su renuncia inmediata, para evitar que hechos abominables, como los señalados”.

La víspera Estados Unidos consideró que entre los problemas de derechos humanos «más importantes» en República Dominicana se encuentran denuncias de asesinatos y torturas por parte de las fuerzas de seguridad, así como injerencia arbitraria en la vida privada y violencia policial contra la comunidad LGBTIQ.

Otros de los problemas destacados por el informe sobre el respeto a los Derechos Humanos en el país son tortura por parte de la policía y otros agentes del gobierno, condiciones penitenciarias severas y que ponen en peligro la vida y  detenciones arbitrarias así como la injerencia arbitraria en la vida privada,  difamación penal de periodistas individuales, corrupción grave del gobierno, tráfico de personas y violencia policial contra personas lesbianas, gays, bisexuales, transexuales e intersexuales.

Margarita Cedeño

La exvicepresidenta Margarita Cedeño dijo en Twiter:  «No hay confusión alguna que nos permita entender la muerte de Elizabeth y Joel. Es un hecho que nos hiere en lo más profundo del corazón. ¡Qué Dios los reciba en su Santo seno y otorgue paz a sus familiares!».

Obispo de Higuey

Monseñor Jesús Castro Marte dijo que «como obispo, hombre de fe y dominicano» él condena la muerte de los esposos  y dijo esperar que se cumpla la promesa del Presidente Abinader de  castigar a los culpables de este hecho.

Fundación ve hay «brutalidad policial» 

César Manuel Matos Díaz.

La Fundación Transparencia y Democracia deploró las muertes de los predicadores y señaló que «lejos de una confusión, las mismas obedecen al elevado nivel de brutalidad que impera en la institución del orden público».

El licenciado Cesar Manuel Matos  Diaz, presidente de la entidad, dijo que «todo parece indicar que los homicidas de la Policía ni siquiera verificaron la placa del vehículo antes de acribillar a sus ocupantes, lo que indica que actuaron a la ligera».

A su juicio, no hay forma de explicar “cómo la Policía Nacional emprende a disparos a un vehículo sin confirmar que se trataba de delincuentes”.

«El Ministerio Publico debe realizar las diligencias procesales en forma oportuna, para evitar que en un juicio oral, público y contradictorio, estos criminales pretendan beneficiarse de tecnicismos jurídicos y, que soliciten la pena máxima en materia de Homicidios», dijo.

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