No solo la privatización de la salud se debe revisar, pues otro caso que, ni la tempestad de muerte por Covid -19, hizo que escondieran o disimularan sus garras, fue el de la educación privada. Ya se han escuchado voces de familias presionadas por la dirección de los colegios que demandan el pago del próximo año escolar por adelantado. Los centros privados, grandes o pequeños, han creado una estructura de dominio mediante la cual cambian libros de textos y uniformes de manera unilateral. Igual ocurre con el aumento de sus tarifas de inscripción y de reinscripción. Las quejas de madres / padres no han hallado mucha receptividad, no obstante saber que con la crisis por el Coronavirus miles de personas del sector privado ya no cuentan con el trabajo que tenían.
Frente a las quejas expresadas, ministras y ministros de educación, incluyendo el actual, ya sea por estar bien con aquellos, o tal vez por sus propias falta de sensibilidad social, se han cruzado de brazos, actitud que ha estado siempre en consonancia con los intereses de los dueños de esos negocios. En respuesta, hecha pública, a la voracidad con que actúan muchos de estos colegios, al ministro actual, y a una de sus funcionarias, se les ha oído decir que esa es una relación comercial que está abalada por la constitución dominicana, y que el Ministerio solo interviene en la aplicación de los contenidos curriculares, y que solo pueden servir de mediación.
En casos como este no se debe hablar de mediación como si fuera una relación entre particulares. Escuchar tal consideración sitúa ese discurso dentro una vulgaridad con visus de irresponsabilidad social e inobservancia de la Ley 86,00. que rige para la educación dominicana , y que prohíbe a los colegios privados aumentar la tarifa, la cual debe estar aprobada por el Ministerio de Educación. Incluso, habría que revisar la sentencia del Tribunal Constitucional, la número 0058 -13 del 20 de Mayo referida al aumento de las tarifas en el sector privado de la educación.
Lo que dice la Constitución en su artículo 63, numeral 12. es que El Estado garantiza la libertad de enseñanza, reconoce la iniciativa privada en la creación de instituciones y servicios de educación y estimula el desarrollo de la ciencia y la tecnología, de acuerdo con la ley. Eso es lo que dice la constitución, y aquí ni si quiera por interpretación se está incluyendo, ni permitiendo las decisiones que muchos colegios privados aplican. El momento actual exige una solidaridad efectiva cada quien con su país. Contrario a esto, ocurre que, el apego a lo material y el gozo que le produce el dinero, a mucha gente le nubla la capacidad de pensar y de actuar desde una humanidad que le enriquezca de otra manera.
Si el Ministerio de Educación se siente atado, está en pleno poder de solicitar que se legisle con mayor precisión sobre la práctica abusiva de muchos colegios privados. Queremos decir que si la Ley 86 00 no fuera lo suficientemente precisa frente al caso, se debe ir madurando la idea de una modificación que, sin desmedro de la privatización, aborde el tema de ciertas condiciones abusivas en el comercio de la educación. Esto es urgente, pues si ni con la crisis generalizada provocada por el Covid – 19, no hay una manifestación de sensibilidad, quiere decir que en lo adelante, como no hay cambio de mentalidad, todo seguirá así, aunque venga una avalancha de quejas de las familias afectadas y del conjunto social que observa.
La práctica de privatizarlo todo es una visión neoliberal muy difundida, un comodín con una narrativa que entiende que el Estado es incapaz o deficiente para generar orden, calidad, y sistematicidad, asunto que no necesariamente es así. Por eso, de cara a ciertos efectos de la privatización, el Estado dominicano debe revisar todas estas malas prácticas, y replantear de nuevo la cosa, a fin de no dejarse subyugar por los intereses insaciables del mercado, y en cambio, poner mayores condiciones a la privatización.
