OPINIÓN: ¡Qué siga la lucha!

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Uno de los ejes centrales de la presente gestión de gobierno es la lucha contra la corrupción y la impunidad. Esa línea de trabajo se inició con la decisión del presidente de propiciar una Justicia y un Ministerio Público indepen­dientes, designando al frente de la Procuraduría y del cuerpo de fiscales a personalidades de reconocida solvencia moral, respetabilidad e independencia.

A partir de esa decisión se ha abierto en el país un proceso de combate a la corrupción y la impunidad, así como contra el narcotráfico, que ya lleva varios casos es­pec­taculares sometidos a la Justicia, esperando completar la investigación inobjetable y fuera de toda duda razonable, que permita aportar las debidas pruebas para sancionar a los culpables de esas conductas delictivas y criminales contra la nación.

La lucha contra la corrupción y la impunidad es la bandera en defensa de la institucionalidad democrática que enarbola el movimiento histórico dominicano por una república democrática, independiente y soberana, que nació con los “Trinitarios” encabezados por Juan Pablo Duarte.

Contrario a ese predicamento, desde su origen la república estuvo y sigue estando dominada por el movimiento autoritario, el cual en busca de la estabilidad en el poder siempre ha recurrido a los regímenes dictatoriales y/o de vocación totalitaria, asociados a la corrupción y a la impunidad.

Por eso no es de extrañar, que ahora cuando el presente gobierno ha auspiciado esta cruzada en contra de la corrupción y la impunidad, se levanten voces en contra, las mismas habituadas a defender los regímenes de estabilidad autoritaria y que se han fundido y confundido con la corrupción.

Esos sectores se manifiestan alegres y muy cómodos con el “escándalo” de los “Papeles Pandora”, en los cuales aparece el nombre del presidente Abinader, envuelto en un manto de eventuales acciones de corrupción. El problema no debe confundirse y es muy sencillo: ¿es legal y un instrumento avalado por el marco del comercio internacional, abrir una cuenta en los “paraísos” fiscales? ¿Puede la DGII testimoniar y certificar si las empresas de la familia del presidente han realizado el pago de los impuestos correspondientes?.

Si eso es así, ¿qué se busca con alimentar la confusión? Evidentemente “empatar el juego de la corrupción” y anular la lucha contra la corrupción y la impunidad, y de esa manera relegitimar a los sectores moralmente desa­creditados. En conclusión, se persigue crear las condiciones para intentar volver y darle continuidad al régimen de la estabilidad autoritaria de vocación totalitaria, donde la impunidad es una función de la corrupción.

Al gobierno de Abinader le corresponde hacer las debidas y sencillas aclaraciones y mantenerse firme enarbolando la bandera de la anticorrupción y por la creación de una nación institucionalmente democrática, que son los viejos ideales del movimiento democrático dominicano sustentados desde los orígenes de la República.

¡Ni un paso atrás con los ideales patrios!

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