Se está consolidando en la opinión pública la idea de privatizar ciertas entidades públicas que brindan servicios a la población. Se habla de privatizar a Punta Catalina, el Metro, la OMSA y el teleférico.
Esa posibilidad se vería facilitada en las actuales circunstancias por el nuevo marco jurídico que favorece la puesta en ejecución de las alianzas público-privadas, como instrumento para fomentar la iniciativa privada en alianza con el sector privado.
Nuestro modelo de sociedad capitalista guiado por el contexto del “libre mercado” que impera en todo el mundo, incluyendo a las naciones cuyos regímenes políticos fueran fruto de revoluciones de corte socialista, como China, Vietnam y Corea del Norte, todavía no ha podido implementar con efectividad y racionalidad colectiva una economía basada en la iniciativa privada en nuestro país.
Esa era la pretensión de los líderes desarrollistas de la Asociación para el Desarrollo, entidad que surgiera en Santiago, luego de eliminada la tiranía de Trujillo y cuyos miembros impulsaron la idea del desarrollo dominicano en coordinación con las directrices de los gobiernos de los EE.UU, a través de la Alianza para el Progreso que trajo al país a la USAID, para apoyar proyectos e iniciativas que transformaran la economía dominicana, bajo un modelo que sustituyera el “estatismo” de la dictadura por una economía fundamentada en la iniciativa privada y el mercado.
Aunque el país ha cambiado y se ha transformado buscando un modelo de “libre mercado”, los más conspicuos miembros de APEDI de las décadas de los 60 y 70, consideraban que la idea original no pudo lograrse como consecuencia de la debilidad de la institucionalidad democrática y por la falta de eficiencias del mismo sector privado, que no pudo ejecutar un modelo de mercado dinámico que diera lugar a la prosperidad para todos.
Los vicios del caudillismo y de la tendencia a la oligarquización, fueron barreras que aún la nación no ha podido superar y que se mantienen en latencia amenazando el desarrollo de un “libre mercado” racionalmente controlado y dirigido por la acción del Estado.
Dos de los más preclaros líderes de la Asociación, como lo fueran Luis Crouch y Arturo Grullón no solo estuvieron conscientes de las limitaciones y la ineficiencia del sector privado, sino que consideraban que el modelo de desarrollo del país se había desviado y no había alcanzado los propósitos originales de la Asociación.
Retomar la privatización bajo la modalidad de la alianzas público-privadas, debería partir de recoger las lecciones que ha dejado la historia del desarrollo dominicano en las últimas cinco décadas, lecciones que señalan las barreras que obstaculizan el desarrollo y que tienen que ver con la mentalidad empresarial de corte oligárquico y la imposibilidad de una institucionalidad democrática basada en el respeto a la Constitución y las leyes, mediante la cual se canalicen con eficiencia colectiva las iniciativas privadas.
Las alianzas público-privadas no pueden manejarse como oportunidades para dar un “zarpazo”, tal como lo fuera el contrato público-privado para la carretera de Santo Domingo-Samaná, que ha sido una estafa incalificable de una alianza entre funcionarios corruptos y empresarios insaciables propios del “capitalismo salvaje”.
¡Fomentemos la iniciativa privada sin “capitalismo salvaje”!
