OPINIÓN: El aborto del Código

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El debate sobre las tres causales del aborto parece nuevamente empantanado y no se avizora la posibilidad de un entendimiento y consenso.

Sectores sociales feministas mantienen su defensa del derecho de las mujeres a decidir lo que han de hacer con su cuerpo favoreciendo el aborto en sus tres causales. Por su parte, los sectores ligados a las iglesias incluyendo buena parte de los obispos que se han manifestado en el debate, rechazan el aborto, así como su consideración en una ley especial.

Planteado así ha surgido la idea de una consulta o referendo para que la colectividad nacional se pronuncie en un sentido o en otro, mientras tanto la Ley que aprobaría el nuevo Código Penal, sigue en suspenso y la Justicia dominicana también sigue suspendida basando sus decisiones o fallos en las tipificaciones penales que provienen de un código que data del 1884, como si la sociedad y la justicia hubieran permanecido estáticas.

La permanencia de ese atraso y desfase de la Justicia, parece depender de un debate que resulta estéril y cuya única función es mantener el atraso en la justicia dominicana, ya que las dos posiciones condicionan la aprobación del Código a que se apruebe una cosa o la otra, resultando como víctima la no aprobación del Código Penal.

Ante ese despropósito, lo sensato o razonable es que se desligue el Código del capítulo de las tres causales, y el Congreso se aboque a la aprobación de dicho Código, excluyendo el problema del aborto, asunto que por lo demás plantea un problema de constitucionalidad, ya que la actual Constitución de la República prohíbe el aborto, cuando establece la defensa de la vida desde la fecundación hasta la muerte.

Esa otra realidad quiere decir que aunque se aprobaren las tres causales en el Código Penal, esa Ley del Código sería inconstitucional y por lo tanto resultaría disfuncional e inútil porque el Tribunal Constitucional estaría obligado a declarar su inconstitucionalidad.

Por eso la actual controversia sobre las tres causales, así como el referendo o de cualquier disposición en contra del actual estatus del aborto en el país, serían nulas por inconstitucionales. Por eso no es una necedad plantear la razonabilidad de sacar del debate del Código Penal, el pro­blema del aborto, y dejar este tema para discutirlo fuera del necesario Código Penal.

La discusión sobre la vida humana es religiosamente un dogma que no tiene otra interpretación, sino el principio absoluto de la defensa de la vida desde la fecundación hasta la muerte, derecho solo atribuible al Todopoderoso, aunque los sistemas sociales y sus categorías jurídicas, sus diversas formas de organización como el Estado, y de las fuerzas sociales que determinan su estabilidad y evolución, condicionan el derecho a la vida y de nacer hasta justificar en ciertas circunstancias la muerte de los fetos, de los delincuentes y criminales violadores impenitentes de las leyes, así como de los enfermos condenados al sufrimiento de la muerte. Ante esa docotomía, aquí vale la enseñanza de Jesús “Dadle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios”.

¡Dejemos, pues, ese debate insoluble y liberemos y aprobemos el Código Penal!       

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