El primer proyecto de presupuesto que somete el nuevo Gobierno al Congreso, ha suspendido el período de “luna de miel” de cien días que simbólicamente la oposición le otorga a los gobiernos de reciente instalación.
El sorpresivo proyecto con su carga de nuevos impuestos que afectaría a todos los sectores, incluyendo a la masa de trabajadores y a la otrora “pujante clase media” ha provocado la reacción inmediata de los políticos fuera del poder, rechazando lo que se entiende como una “reforma fiscal”, que se habrá de traducir en un nuevo “paquetazo fiscal” en medio de la crisis económica causada por el Covid-19 y que ha semiparalizado la dinámica económica de la nación.
Ante la turbulencia causada por la iniciativa, incluso grupos minoritarios, aprovechando el impacto en la opinión pública, han convocado a una primera protesta en la Plaza de la Bandera, lugar donde la clase media manifestó su rechazo a la gestión del gobierno pasado, a consecuencia de los hechos de corrupción y de impunidad que se les atribuyeron y que sellaron su derrota electoral.
El nuevo gobierno que capitalizó esa protesta y su crítica, aprovechó esas manifestaciones para consolidar su oferta de un gobierno democrático, tolerante, participativo y sobre todo combativo de la corrupción y la impunidad y favorecedor de la independencia de los poderes públicos, principalmente del Congreso y la Justicia, a manera de fortalecer la institucionalidad democrática y el buen manejo de los recursos públicos para asegurar el desarrollo y la prosperidad de todos los ciudadanos de la nación.
Un proyecto de Ley del Presupuesto es una aproximación a la realidad política para la asignación y ejecución de los recursos públicos, en función de objetivos que traducen las prioridades del gobierno y su agenda para promover la solución de las necesidades del pueblo, así como sus posibilidades de crecimiento y desarrollo económico y social.
Entre la versión sometida por el Ejecutivo y la decisión final del Congreso, poder del Estado que deberá conocer y aprobar la pieza legislativa, hay todo un período de debate y escarceos propios de la democracia, y en el cual las grandes decisiones se habrán de debatir, dialogar y finalmente concertar, entre las principales fuerzas políticas representadas en el Congreso e incluso con aquellas fuerzas de la Sociedad Civil, sin representación congresional, de manera que la Ley así consensuada, sea un producto que cuente con el mayor apoyo posible y permita la consolidación del ejercicio democrático de los poderes.
Las reacciones surgidas de rechazo, deben ser consideradas posiciones encontradas preliminares, las cuales deberán debatirse en la formalidad de los poderes constituidos. El Gobierno, tiene, pues, en ese debate la oportunidad no solo de justificar su concepción sobre el presupuesto y su carga impositiva, sino que debe prepararse para demostrar su vocación por el consenso y por la consolidación de la democracia.
En otros tiempos pasados, como fueron los períodos de gobiernos del PRD, los proyectos de presupuesto eran lo suficientemente debatidos por los congresistas y las representaciones de las entidades de la Sociedad Civil de esa época.
¡Sencillamente, que se debata el presupuesto de forma democrática y sin fanatismo emotivo!
