OPINIÓN: Contra el narco-partido

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La Operación Falcón y el expediente acusatorio de parte del Ministerio Público contra los vinculados a ese caso de narcotráfico, ponen en evidencia cómo el narco ha penetrado en los partidos políticos, especialmente a nivel de las candidaturas a los cargos electivos en los procesos electorales.

Se habla de diputados y senadores electos en las pasadas elecciones que provienen del sector económico del narcotráfico, los cuales se apropiaron de esas posiciones solo porque disponían del recurso fáctico del dinero, para financiar sus campañas.

Por esa vía el narco no solo amenaza la legitimidad democrática en el ejercicio de la política, sino que debilita la imagen de los partidos en la población, los cuales pierden credibi­lidad y confianza, que se traducen en descrédito del sistema democrático de partidos.

Por esas razones también, la población se muestra alejada de los partidos. Las encuestas de preferencias electorales, en varias mediciones, han revelado que un alto porcentaje de la población prefiere declararse independiente de los partidos, actitud que refleja el descrédito de las organizaciones partidarias y el desencanto de la población respecto a ellos.

El fortalecimiento de la institucionalidad democrática, requiere de un régimen de partidos fuerte y sano que despierte el apoyo e interés de la población. Dado el hecho de la penetración del narcotráfico en la vida de los partidos y su consecuente debilitamiento colectivo, resultan procedentes y oportunas, las recomendaciones hechas por la Junta Central Electoral en su propuesta para la reforma de la Ley de Partidos y cuyas sugerencias persiguen corregir las distorsiones de que adolece, tal como lo demostraron las observaciones hechas a diversos artículos de la Ley por parte del Tribunal Constitucional.

En ese orden, son pertinentes las correcciones propuestas por la JCE al tope del financiamiento de las campañas, así como fortalecer el régimen de sanciones a las violaciones hechas por los partidos y sus candidatos. Para fiscalizar esas operaciones de partidos y candidatos, la JCE dispuso elevar de categoría a la Unidad de Fiscalización a la de Dirección, con la responsabilidad de supervisar mensualmente a los partidos.

La modificación de la Ley de partidos es, pues, una buena oportunidad para “blindarlos” partidos de la amenaza del narcotráfico, así como de tantas irregularidades que germinan al interior de la vida partidaria.

¡Qué se apoye la propuesta de la JCE!

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